A través de sus redes sociales, la exconsejera del Consejo de la Judicatura del Estado de Chihuahua y luchadora social, Luz Estela «Lucha» Castro, contestó a las candidatas a magistradas Nancy Escárcega y Diana Margarita Félix, quienes el día de ayer interpusieron ante el Instituto Estatal Electoral denunciándola a ella y al grupo político afín al exgobernador y actual senador Javier Corral Jurado de presunta violencia política de género.

A continuación la contestación íntegra:

«NO ES VIOLENCIA POLÍTICA: ES PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Como defensora de Derechos Humanos, ciudadana comprometida con la democracia y el derecho a la información, he compartido en mis redes sociales datos verificables y públicos sobre personas —hombres y mujeres— que aspiran a integrar el Poder Judicial en Chihuahua, con base en hechos notorios relacionados con su trayectoria, vínculos partidistas o circunstancias que deben ser del conocimiento público.

Lo hice desde un ejercicio legítimo de participación democrática y desde la libertad de expresión protegida por el artículo 6º constitucional y los estándares internacionales de derechos humanos. Pretender que informar y opinar con base en hechos documentados sea considerado violencia política, es una distorsión grave del marco jurídico y ético que protege realmente a las mujeres en política.

Denunciar violencia de género para eludir el debate público y ciudadano es una frivolidad peligrosa.
Es, además, una falacia cuando los señalamientos vertidos están sustentados en documentos oficiales, como el Diario de los Debates del Congreso del Estado de Chihuahua.

No es la primera vez que algunas mujeres recurren al manto de protección que con tanto esfuerzo hemos construido desde el movimiento feminista, para intentar evadir responsabilidades o deslegitimar cuestionamientos éticos y políticos. Ya lo vimos con la propia Gobernadora y la entonces Presidenta del Congreso; hoy, algunas candidatas , arropadas por actores políticos, intentan intimidarme con una narrativa que desnaturaliza y banaliza el concepto de violencia política de género.

Desde esta lógica, ninguna mujer podría ser señalada por actos públicos sin que de inmediato se pretenda encuadrar —a fuerza— en violencia política lo que es claramente una crítica ciudadana legítima.

No puede llamarse violencia política de género a la crítica fundamentada, en espacios públicos, de los perfiles de quienes aspiran a los cargos más altos del Poder Judicial. Nombramientos sin méritos, favores políticos o tráfico de influencias deben ser discutidos abiertamente, sin miedo ni censura.

La democracia exige transparencia, rendición de cuentas y libertad de pensamiento. Lo que hoy se intenta desacreditar como violencia política, no es otra cosa que el ejercicio de un derecho humano básico: la libertad de expresión ciudadana frente a lo público.

Me han exigido una disculpa pública.
¿Disculpa por qué? ¿Por decir lo que todos saben dentro del Poder Judicial?

Es de conocimiento general que la señora Nancy Escárcega ingresó al Poder Judicial en una plaza equiparable en jerarquía e ingreso a la de una jueza o juez, sin experiencia, sin haber transitado los caminos técnicos ni el escalafón institucional, y en un contexto político que resulta evidente:

Su esposo, el diputado de Movimiento Ciudadano Francisco Sánchez, emitió el voto clave para lograr la mayoría calificada que permitió reformar la Constitución local, otorgando a la Gobernadora la facultad de designar sin examen a magistradas y magistrados, y abrir la reelección de consejeros de la Judicatura. Ese hecho está documentado en el Diario de los Debates. No es un invento. Tampoco soy la primera en señalarlo.

Mi palabra no será silenciada. No en un país donde tantas hemos luchado para tener voz.

Llamemos a las cosas por su nombre: violencia política de género es cuando a las mujeres se les margina, se les agrede, se les niegan sus derechos por el hecho de ser mujeres. No cuando se les cuestiona a par que hombres por actos públicos, visibles, documentados y discutibles. Esa distinción es fundamental si queremos proteger realmente los derechos de las mujeres y no convertirlos en escudos para el poder.»