A cuatro años de la histórica toma de protesta del primer Comité Ejecutivo de la Sección 42 del SNTE electo por voto universal, directo y secreto, el secretario general Manuel Quiroz Carbajal hizo ayer un balance amplio de su gestión, en el que combinó la defensa de logros que calificó como históricos con una advertencia de fondo: el subsistema estatal enfrenta riesgos financieros y estructurales que obligan a cerrar filas.
“Hoy se nos cumplen los cuatro años y en cualquier momento puede salir la convocatoria, al tanto y atentos para que siga fortaleciéndose nuestra institución sindical”, expresó Quiroz al hacer la vista atrás de aquel 9 de abril de 2022, fecha que, subrayó, marcó una nueva etapa democrática para la vida sindical magisterial en Chihuahua.
Del arranque en pandemia a una dirigencia en tiempos de crisis
Quiroz recordó que el comité llegó en un contexto sumamente adverso: salida de pandemia, temor por el regreso a clases presenciales, rezagos administrativos y el impacto acumulado de las reformas de 2013 y 2014 sobre los subsistemas estatales.
“Nos encontramos en una situación llegando a una pandemia, un abandono, maestros totalmente con un miedo hacia el regreso de las aulas, pero también con otro miedo, con un miedo de un abandono total”, señaló.
Desde esa óptica, sostuvo que estos cuatro años han sido de resistencia y reconstrucción, en una sección que enfrenta además una realidad singular: tiene más jubilados que activos, lo que presiona todavía más las finanzas.
“La palabra unidad es clave para tener los logros de reconocimiento contra quienes son tus adversarios”, enfatizó, al insistir en que la fortaleza de la Sección 42 depende de que el magisterio estatal “reme en el mismo barco”.
Eliminación de la cuota a jubilados: una de las banderas más simbólicas
Uno de los logros que más defendió el dirigente fue la desaparición de la cuota sindical a jubilados, una medida que presentó como una corrección histórica a un esquema que consideró abusivo.
“Hoy puedo hablar cuando a mí me representaban 300 pesos a la quincena… hoy me ahorro 30 mil pesos. Puedo hacer mi pachanga personal o un viajecito de cuatro años”, comentó en tono coloquial.
Aseguró que el descuento afectaba a cerca de 11 mil jubilados y que detrás de ese mecanismo se movían montos millonarios que nunca fueron transparentados.
“Ilegal, irresponsable y abusando de la confianza de cerca de once mil jubilados”, sentenció.
Pensiones Civiles, la mayor preocupación de la Sección 42
La parte más extensa y sensible del balance giró en torno a Pensiones Civiles del Estado, tema que Quiroz volvió a describir como la mayor preocupación del sindicato.
“Pensiones es la joya de la corona”, afirmó, para después aterrizar la gravedad del problema: “Pensiones se resuelve con dinero, se resuelve con planeación”.
Reconoció que persisten el desabasto de medicamentos, la insuficiencia hospitalaria y la presión sobre camas subrogadas, aunque defendió que sí hay una inversión mayor que en años anteriores.
“No digo que hoy abunden, pero estamos al doble de la necesidad que encontré”, aseguró.
Incluso reveló una de las mayores alertas financieras del sistema: “No hay ni un peso en Pensiones… Hacienda tiene que depositar toda quincena un día previo, por eso nos pagan un día antes”.
RZ y 3 de 3: conquistas que, dice, ya quedaron para siempre
Dentro del recuento de logros, Quiroz colocó como uno de los avances emblemáticos el pago del concepto RZ, una demanda de más de 15 años.
“Creo que es uno de los máximos logros, permanente. Queda asentado en acuerdo que se va a pagar en la segunda quincena de octubre”, destacó.
Subrayó que el beneficio alcanzó a más de 6 mil 620 compañeros, y rechazó que deba verse como un favor.
“No estamos acostumbrándonos a quererlo cobrar como un gran favor; creo que es una deuda hacia el magisterio”, puntualizó.
A la par, defendió la recuperación de los permisos 3 de 3, al considerarlos una prestación largamente anhelada para acercar al subsistema estatal a conquistas del federal.
Clave L Plus, la gran deuda: “me voy por lo judicial”
Si hubo un tema en el que Quiroz reconoció un pendiente doloroso fue la Clave L Plus, cuya solución, admitió, se ha complicado por la falta de recursos y por trabas judiciales.
El secretario general reconoció que este expediente sigue siendo uno de los pendientes más delicados de su gestión, no solo por el impacto económico que representa para quienes esperan el reconocimiento, sino por la carga histórica de una lucha que se ha prolongado por años entre demandas, cambios de estrategia legal y resistencias institucionales.
“Tengo una deuda, y lo voy a ratificar: a los compañeros de Clave L”, expresó de manera directa.
Quiroz recordó que el origen del conflicto se remonta a la desaparición de varias conquistas locales tras las reformas y ajustes que golpearon al subsistema estatal, entre ellas prestaciones y claves que durante años formaron parte del esquema laboral y pensionario de los trabajadores.
Explicó que el problema no es menor, ya que la Clave L Plus no solo impacta el ingreso del activo, sino que define el salario base con el que un trabajador puede retirarse, por lo que cualquier resolución tiene repercusiones permanentes en pensiones, retroactivos y jubilación dinámica.
“Ahorita tendríamos que agarrar al compañero de la Clave L Plus que ya se jubiló y reconocerle cuatro años de su pago, porque si no, no se podría jubilar con ese sueldo”, explicó.
Más de 2 millones en abogados y una ruta judicial que se alarga
El líder sindical aseguró que la Sección 42 no ha soltado el caso y que, por el contrario, ha sostenido la batalla con una inversión considerable de recursos.
“Hemos gastado más de dos millones de pesos en abogados. Dos millones de pesos. Y lo seguiré pagando”, afirmó.
Aseguró que la apuesta jurídica sigue viva porque, a juicio del sindicato, les asiste plenamente la razón legal, aunque reconoció que el proceso ha enfrentado múltiples obstáculos, cambios de criterios y decisiones que, dijo, frenaron momentos en los que parecía cercana una resolución favorable.
Incluso denunció que el caso ha resentido intervención política y manos de gobierno dentro del propio Poder Judicial, situación que, sostuvo, terminó retrasando fallos que ya se perfilaban positivos para los afectados.
“Ya en quince días nos iban a dar el triunfo… y a los quince días nos dicen que encontraron una imperfección. Esa es la mano de gobierno, realmente”, acusó.
El muro financiero: hasta 1,500 millones para una solución integral
Más allá del terreno legal, Quiroz reconoció que el principal freno para una salida política sigue siendo el costo presupuestal que implicaría resolver de fondo la Clave L Plus.
Según explicó, el monto necesario para atender integralmente el reclamo podría alcanzar entre 1,500 y 1,600 millones de pesos, una cifra que ningún gobierno ha querido asumir.
“Si tuviéramos 1,500 millones de pesos, se los daríamos”, refirió al citar la respuesta que, aseguró, ha recibido de funcionarios estatales.
Esto ha provocado que, pese a la disposición política que en ocasiones se manifiesta, el asunto termine regresando siempre al mismo punto: la insuficiencia financiera.
Para Quiroz, esa es la razón por la que la vía judicial se mantiene como la principal apuesta.
“Nos vamos por la parte jurídica”, reiteró.
Sin falsas esperanzas, pero sin quitar el dedo del renglón
Uno de los matices que más quiso dejar claro el dirigente fue que no pretende vender expectativas irreales a los afectados.
Reconoció que el alargamiento del litigio ha complicado cada vez más el panorama, especialmente porque algunos de los beneficiarios potenciales ya se jubilaron y otros siguen acumulando años de servicio sin una resolución definitiva.
“Se han ido alargando los tiempos y eso ha ido dificultando”, admitió.
Sin embargo, insistió en que la organización mantiene una comisión con mayor información técnica y jurídica sobre el caso, y que seguirá presionando tanto por la vía institucional como en tribunales.
“Que me sigan escuchando… sé que tenemos la razón”, expresó.
Noveles, maestrías y carrera horizontal: el nuevo frente sindical
Otro de los focos del balance fue la situación de los maestros noveles, quienes, según refirió, siguen enfrentando bajos incentivos y escaso reconocimiento económico por su preparación académica.
“La siguiente lucha sería intentar equiparar ese reconocimiento que se hace a los compañeros federales”, adelantó.
Criticó que hoy una maestría o doctorado apenas represente incrementos de entre 600 y 800 pesos, por lo que urgió a construir un nuevo esquema nacional y local de carrera horizontal.
“No hay de otra: un nuevo sistema casi de carrera”, resumió.
Caso 1,064: Quiroz apuesta por certeza jurídica y no “espejitos”
Otro de los temas que Manuel Quiroz abordó de forma puntual fue el de los llamados 1,064 compañeros en transición o en tránsito, un asunto que sigue provocando inquietud entre trabajadores próximos al retiro por el impacto que puede tener en sus descuentos, aportaciones y monto final de jubilación.
El líder de la Sección 42 explicó que el problema de fondo no radica únicamente en el descuento actual, sino en la certeza jurídica de cómo quedará regularizada la situación de cada docente al momento de pensionarse, evitando escenarios en los que, al final de la vida laboral, se les informe de adeudos millonarios o inconsistencias en el régimen aplicable.
“Sin mentiras, esa es la ruta que te conviene: te vamos a apoyar en tu amparo, en tu demanda, junto a tus documentos”, expresó Quiroz al referirse al acompañamiento legal que brinda la organización.
Advirtió que en muchos casos se han generado falsas expectativas con recursos que, en los hechos, no resuelven el problema estructural, sino que únicamente postergan la definición.
“El amparo te justifica que sigas sin pagar… te amparaste de algo que ya estás realizando”, señaló, al cuestionar estrategias legales que solo prolongan la incertidumbre.
Por ello, insistió en que la prioridad debe ser regularizar la situación conforme a ley, con documentos firmes que den certidumbre al trabajador y eviten sorpresas al momento del retiro.
“Con un documento legal, no con un acuerdo al garete o con algo que después sirva como burla social”, subrayó.
Quiroz puso como ejemplo el caso de trabajadores que llevan más de una década en servicio y que, pese al paso del tiempo, no han corregido su esquema de aportación, lo que podría derivar en problemas severos al querer jubilarse.
“Para que cuando te vayas a jubilar no te digan: debes un millón de pesos y, conforme a la ley, si no lo pagas, no te puedes jubilar”, advirtió.
El dirigente dejó claro que la apuesta del sindicato es acompañar jurídicamente a cada caso, pero siempre bajo una lógica de legalidad, certidumbre y prevención financiera, evitando vender “espejitos” o soluciones rápidas que después terminen afectando al trabajador.
Prefecturas, basificaciones y SIMAP: “puse orden”
En materia administrativa, Quiroz defendió la regularización de 200 prefecturas y 300 basificaciones de PAAE, insistiendo en que se privilegió antigüedad y justicia laboral.
Sobre SIMAP, fue tajante al señalar que recibió desorden y opacidad.
“Puse orden. Encaminé”, dijo.
Aseguró que hoy el organismo ofrece mejores rendimientos, reestructura de créditos y un manejo con criterios similares a los bancarios.
“Se le está dando el uso del bien común para lo que fue creado SIMAP”, afirmó.
La sucesión y el mensaje al próximo liderazgo
Con la renovación seccional en el horizonte, Quiroz dijo que el siguiente liderazgo necesitará más trabajo de base, cercanía con las escuelas y conocimiento técnico de las reformas.
“Lo primero, el consejo es seguir trabajando, seguir transparentando”, expresó.
Añadió que quien llegue debe asumir que no será una tarea sencilla.
“No va a ser fácil… cuatro o cinco personas no van a estar conformes con esa designación y los tendrás que aguantar cuatro o cinco años”, advirtió.
El cierre: unidad para enfrentar lo que viene
Ya en la parte final, el secretario general volvió al concepto que atravesó toda la entrevista: la unidad. “Vamos en un mismo barco todo lo que es el subsistema estatal”, insistió.
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