Llama De la Peña a alcaldes a cumplir la ley, hacer buen manejo de recursos públicos y que no se repita deuda por impago de Juárez

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, lanzó un llamado directo a la responsabilidad de los alcaldes del estado tras el caso del Municipio de Ciudad Juárez, que dejó de reportar y enterar retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a 2021, situación detectada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que derivó en un crédito fiscal por 118 millones de pesos.

El funcionario estatal advirtió que, si bien el Gobierno del Estado analiza y perfila un respaldo extraordinario para apoyar a Juárez —pensando en la población y no en la administración—, se trata de un tema delicado que podría tener repercusiones adicionales incluso por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

“Seguramente esto además tendrá alguna consecuencia de la Auditoría Superior de la Federación y no sé qué consecuencias fiscales adicionales podría tener”, expresó De la Peña, al subrayar la gravedad de omitir el entero de un impuesto que ya fue retenido a los trabajadores.

En ese sentido, enfatizó que el ISR retenido no pertenece a los patrones —en este caso, la autoridad municipal—, sino que es recurso del fisco que debe ser entregado puntualmente. “Yo no quisiera saber qué hubiera pasado si en lugar de ser un municipio hubiera sido una empresa particular”, cuestionó.

El secretario general de Gobierno señaló que los 118 millones de pesos representan una cantidad significativa que bien pudo haberse destinado a obra pública en Ciudad Juárez, particularmente en rubros sensibles como bacheo o proyectos de movilidad.

Asimismo, destacó que el principal interés de la gobernadora Maru Campos Galván es proteger a los juarenses, por lo que, de existir condiciones financieras, el Estado podría intervenir para mitigar el impacto de esta omisión administrativa.

No obstante, De la Peña fue enfático en advertir que este tipo de situaciones no deben repetirse en otros municipios, ya que pondrían en riesgo tanto sus finanzas como la capacidad de respuesta del propio Gobierno estatal.

“El mensaje es claro, los funcionarios públicos estamos llamados a un estricto cumplimiento de la ley”, sostuvo, al tiempo que hizo un llamado a la conciencia de alcaldes y autoridades municipales para evitar prácticas que comprometan recursos públicos.

Alertó que el manto protector del Estado tiene límites, y que, de replicarse este tipo de omisiones fiscales en otros ayuntamientos, simplemente no habrá capacidad para salir al rescate de todos.