Chihuahua, Chih.- La regidora panista Patricia Ulate Bernal presentó este miércoles ante el Cabildo iniciativa para la creación del Protocolo para la Protección de los Derechos Humanos e Inclusión de las Personas con Discapacidad y sus Familias para el Municipio de Chihuahua.
“Trabajar de manera permanente por la igualdad de oportunidades de las personas que viven y conviven con la discapacidad, es un compromiso que compartimos con el alcalde Marco Bonilla y este Gobierno Municipal”, dijo Paty Ulate.
La iniciativa, que será turnada a comisiones para su análisis y posterior dictamen, es resultado de mesas de trabajo en la que participaron personas que viven y conviven con la discapacidad, organizaciones de la sociedad civil que luchan por el respeto de los derechos de este sector de nuestra población, representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y representantes del Gobierno Municipal involucrados en la atención directa de personas con discapacidad.
El protocolo busca regular y mejorar las acciones que realiza el Gobierno Municipal para la protección y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, mediante la adopción progresiva de medidas que se consideran necesarias.
Entre estas acciones, se incluye la capacitación de las personas servidoras públicas con el objetivo de prevenir la discriminación y fomentar la cultura de la inclusión, y orientar sus actuaciones para garantizar el otorgamiento de un trato digno.
Lo anterior puntualizando las acciones que son de observancia y competen a la autoridad municipal, y a las personas servidoras de las dependencias de la administración pública centralizada y descentralizada.
En el estado de Chihuahua, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), resultado del Censo de Población y Vivienda 2020, hay cerca de 170 mil personas con discapacidad, de las cuales más de 40 mil 300 habitan en el municipio de Chihuahua.
Respecto a esas estadísticas, las organizaciones de la sociedad civil que luchan por hacer valer los derechos de este sector refieren qué si se consideran condiciones de vulnerabilidad, tales como limitaciones de desplazamiento, carencia de oportunidades laborales, gastos médicos y adquisición de equipos adaptados, entre otras muchas barreras y necesidades, las dificultades que enfrenta una persona con discapacidad impactan en por lo menos cuatro personas de su familia.
