CDMX.- Activistas y colectivos, entregaron formalmente una petición a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declare que el estado mexicano atraviesa por un conflicto armado interno, con la finalidad de que la comunidad internacional garantice que se materialicen los fines de la propia ONU, para acompañar, vigilar y cooperar, para que los grupos armados ilícitos, sean juzgados de acuerdo a las leyes mexicanas para alcanzar la estabilidad interna y evitar mayores pérdidas humanas por medio de la acción local y apoyo internacional.
La presentación se realizó frente al Museo de Memoria y Tolerancia del centro de la Ciudad de México, y participaron Bryan LeBarón de la Comunidad LeBarón; Renata Villarreal de Marea Verde México; Cecilia Flores de Madres Buscadoras de Sonora; Arussi Unda y Arianna Vázquez de Brujas del Mar; Kenya Cuevas, activista LGBT de Casa de las Muñecas Tiresias A. C., quienes resaltaron que era importante que la sociedad civil se uniera sin importar diferencias, y reconocieron el grave problema social que se originaba por la violencia desatada por el crimen organizado, por lo que aprovecharon para realizar una amplia convocatoria a ciudadanos y a otras organizaciones.
En el escrito presentado en la sede de la ONU en México, se detalla que existen dos realidades notorias y verificables: la primera es que hay una confrontación constante entre distintos grupos armados que buscan generar controles territoriales y la segunda es que la acción de dichos grupos hacia el estado y civiles ha sido históricamente relevante para alcanzar el monopolio de las actividades ilícitas
Este hecho se evidencia porque se ha perdido en México un número similar a las vidas perdidas en la Guerra que se vive entre Ucrania y Rusia, si se consideran las muertes atendiendo al número de habitantes, pues únicamente durante la última semana en los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Chihuahua y Baja California los grupos armados pertenecientes a diversos colectivos criminales desplegaron actos considerados como “TERRORISMO” por la Ley Penal Federal de México, en contra de civiles, ocasionando decenas de pérdidas de vidas humanas por uso de armas de fuego, bloqueos de las vías de comunicación, incendios de comercios y explosión de vehículos, con el fin de obligar a las autoridades a no aplicar las leyes en perjuicio de sus intereses ilícitos.
Se detalla que desde hace aproximadamente 14 años, se comenzó a utilizar la fuerza armada del Estado, buscando inhibir la presencia de diversos grupos de la delincuencia organizada (así definidos por el derecho internacional y doméstico) y la realización de sus fines ilícitos; creándose una declarada y notoria confrontación entre los órdenes institucionales del Estado Mexicano y los grupos criminales. Dicha acción fue, local e internacionalmente, conocida como “LA GUERRA CONTRA EL NARCO”.
En el documento se detalla que México firmó y suscribió la carta y convenios que rigen la actuación de la institución a la que se dirigieron, por lo que solicitaron en términos del numeral 3 del IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 1949; así como el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y; el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, 1977, se declare formalmente que el estado mexicano atraviesa por un conflicto armado interno.
Además de que resulta relevante el reconocimiento del conflicto para estar en posibilidades de que se apliquen las obligaciones y atribuciones dadas al Consejo que nos Dirigimos contenidas en la Carta de las Naciones Unidas y demás instrumentos aplicables para investigar, recomendar y enviar apoyo de las Fuerzas Armadas con el único fin de alcanzar la paz
