Ciudad de México. En el sistema de señales en las relaciones internacionales, el “llamado a consultas” de un embajador es una expresión de protesta por parte de un Estado. Es una medida contundente que, en caso de que el diferendo entre gobiernos escale, puede conducir a la ruptura de relaciones.
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México llamó a consultas a su embajador en Managua, Gustavo Cabrera, para expresar su desacuerdo con el contexto en que en Nicaragua el gobierno de Daniel Ortega celebró elecciones sin competencia, con la oposición encarcelada y un clima de rígida censura.
Este viernes, México se abstuvo en la votación de una declaración de la Organización de Estados Americanos (OEA) que determina que las elecciones del pasado domingo en Nicaragua “no tienen legitimidad democrática” y se pide que el Consejo Permanente tome “acciones apropiadas” antes de fin de mes. Esto podría conducir a la suspensión del país centroamericano del organismo.
En su intervención ante los delegados de la OEA, la embajadora mexicana, Luz Elena Baños, explicó el sentido de su votación: “Ha sido posición constante de México no apoyar decisión alguna… que esté encaminada a aislar, intervenir o imponer algún tipo de sanción a un Estado miembro, pues ello está fuera de la competencia de la OEA. Sólo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas goza de tales atribuciones”. Además, recordó que las políticas de aislamiento nunca fueron eficaces.
Por otra parte, México objetó que en esta y otras resoluciones votadas en la Asamblea General se tomara en cuenta el sufragio de Julio Borges, designado por el autonombrado “presidente” de Venezuela Juan Guaidó su “canciller”. Este líder opositor fue reconocido como mandatario de Venezuela por varias naciones, empezando por Estados Unidos, durante la crisis de 2017, en su calidad de líder de la Asamblea Legislativa de su país. Pero a la fecha ya no lo es y varios miembros de la OEA han retirado ese reconocimiento.
Sin embargo, el jueves 11, al inicio de la 52 Asamblea General, el secretario general, Luis Almagro, al momento de dar su “informe de credenciales”, acreditó al representante de Guaidó.
En 2017 el gobierno de Nicolás Maduro anunció su retiro de la OEA, cuando el organismo pretendió invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, de corte militar, en su contra. Su salida se hizo efectiva en 2019.
Al advertir sobre el “embrollo legal” que representa que la secretaría general haya acreditado a una persona que no representa a un Estado miembro sino a un particular, la delegada mexicana pidió que se agregue un “pie de página” con las reservas de su gobierno a todas las actas y documentos.
La abstención en el sufragio de sanción contra Nicaragua –que, una vez más, no fue acompañado por Argentina, país con el que México suele actuar en alianza– no significa un aval al régimen sandinista. El país, aclaró Baños, “ha externado al gobierno de Nicaragua nuestras preocupaciones sobre el proceso político llevado a cabo la semana pasada, especialmente en lo que hace a la libertad de expresión y la participación política de su ciudadanía, que derivó en el llamado a consultas de nuestro embajador en dicho país”. Esto, conforme a la práctica diplomática que en México se ampara en la llamada Doctrina Estrada.
En su discurso ante la sesión (que, un año más, se hizo de manera virtual debido a la pandemia) la embajadora sostuvo que “la OEA debería ser una organización inclusiva, facilitadora, promotora del diálogo político como la cooperación la integración y el desarrollo de los Estados miembros, pero no lo es”.
Agregó: “México rechaza rotundamente, como lo haría cualquier Estado, todo intento de perturbar desde el exterior, el orden constitucional en cualquier país y no acepta que bajo ese argumento la OEA asuma que cuenta con poderes supranacionales o con instrumentos para intervenir en los asuntos internos de nuestros Estados”.
Externó el rechazo histórico del país a las sanciones como medios de presión ya que –mencionó– “las principales víctimas son siempre las personas más vulnerables”.
Hizo una dura crítica al secretario general Luis Almagro por sus pronunciamientos y actuaciones “de manera selectiva de acuerdo con agendas personales”, además de atribuirse facultades que no tiene, como la certificación de elecciones.
Por último, expresó el interés de México de que la OEA “deje atrás su espíritu de intervencionismo” y logre ser “una organización incluyente y respetuosa de la soberanía de los Estados miembros”.
La Jornada.
