Por: Manuel Gil Antón
Resultado de un largo proceso, enfatizado en la reforma educativa del Pacto por México, el deterioro de la imagen del magisterio ha sido incesante. Se le acusó de ser la causa (única o fundamental) de las fallas educativas en el país, y fue acosado a través del mal uso de la evaluación como instrumento de control laboral. Fue el eje, torcido, de la transformación educativa del “nuevo PRI”.
La reforma educativa de la presente administración ha insistido en la revalorización del magisterio. En el discurso no falta, pero ¿ocurre en la práctica?
Valga, como muestra, un caso: La Coalición de Trabajadores de la Educación de Coahuila, integrada por trabajadores activos y jubilados del Sistema Educativo Estatal agremiados a la Sección 38 del SNTE, de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y de la Universidad Autónoma de Coahuila, desde hace 10 años lucha por rescatar a las instituciones de seguridad social del magisterio: la Dirección de Pensiones, el Instituto de Servicio México y el Fondo de la Vivienda y Seguro del Maestro. ¿Rescatarlas? Sí: han sido tomadas por delincuentes en contubernio con autoridades estatales y directivos del SNTE.
En cuanto a la atención médica, por ejemplo, se advierten carencias graves y crecientes de medicinas, médicos generales y especialistas, y equipos. La lista de espera para estudios y cirugías es enorme. El Fondo de Pensiones está en una situación más que precaria; prestaciones para vivienda, pago de seguros y fondos de retiro son muy pocas, y se asignan de manera discrecional. ¿A qué se debe? Al incumplimiento del pago por parte de quienes tienen que hacerlo. Uno de ellos, el gobierno del estado, adeuda al Fondo ¡3 mil millones de pesos! Y a la corrupción que ha sido denunciada por la Auditoría Superior del Estado: esta entidad ha estimado que el quebranto a las instituciones ha sido mayor a 1 mil 300 millones. ¿Avanzan las indagaciones? Misterio.
Desde el 3 de mayo, La Coalición estableció el Plantón de la Dignidad Magisterial en la Plaza de Armas de Saltillo. Se conformaron mesas de trabajo bilaterales para los diferentes temas de las que surgió un documento de demandas al gobernador Riquelme (el gobierno del estado es el garante de que las instituciones cumplan con sus tareas); pero se interrumpió el diálogo y 135 días después de iniciado el plantón, el 14 de septiembre, fueron desalojados por la fuerza pública dizque para permitir la ceremonia virtual del grito de independencia.
Subyace al conflicto la participación del impresentable clan Moreira (Carlos, hermano de Humberto y Rubén, exgobernadores, es el dirigente “moral” de las secciones sindicales) e, incluso, hay un probable conflicto de interés grave, pues el hijo del dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda, ha establecido empresas a las que se subrogan los servicios médicos faltantes en las instituciones. A esos negocios no les falta el pago puntual por sus servicios. Peor, imposible.
En su origen, el conflicto antecede a la administración del presidente López Obrador, pero a casi tres años de su ejercicio no ha habido atención al desastre institucional y maltrato al magisterio en la entidad. Problemas similares se presentan en otros estados, como Chihuahua. ¿Revalorización del magisterio? Hechos son amores. ¿Importa más la alianza con los Moreira y Cepeda que el bienestar y la justicia a las profesoras y profesores de Coahuila? Eso parece. Urge mostrar que “no son iguales a los de antes”. Hasta ahora, no se nota. Urge.
