Después de dos semanas en las que, prácticamente todo el aparato burocrático del Gobierno Federal, de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), emprendieron una intensa campaña para que las escuelas del país – de todos los niveles educativos – abrieran sus puertas, se llegó el día tan esperado.
No importaron las denuncias que hicieron públicas las maestras y los maestros para que se conociera el estado físico, lleno de precariedades, de sus respectivas escuelas.
Tampoco importó que se exigieran dotaciones suficientes y necesarias para que los padres de familia, conjuntamente con el profesorado mexicano, realizaran las jornadas de limpieza de los planteles escolares a las que fueron convocados.
Menos interesó, la demanda del magisterio en cuanto a la emisión, por parte de la SEP, de un Plan Nacional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales, con líneas de acción claramente definidas para que los colectivos docentes se organizaran en sus respectivos espacios. Como sabemos, esta dependencia solo se limitó a emitir 9 acciones o intervenciones para ese regreso a clases dado que se eliminó la controvertida carta de corresponsabilidad que firmarían los padres, casi casi, por “decreto” presidencial.
Y mucho menos interesó, que el país estuviera viviendo lo que los especialistas calificaron como la “tercera ola” de contagios por el SAR-CoV-2 en los seres humanos.
No, nada de eso importó e interesó; las escuelas abrieron sus puertas porque, contrario a lo que desde la Presidencia de la República se vocifera continuamente “nada por la fuerza, todo por la razón”, se dio paso a la tan requerida presencialidad así “tronara, lloviera o relampagueara”.
Y luego los Talleres Intensivos de Capacitación Docente, o los Consejos Técnicos Escolares que poco o nada abonaron a una necesidad inmediata: establecer pautas claras de intervención para los colectivos docentes con miras a la reapertura de los planteles educativos a sabiendas de las condiciones de éstos. Y es que, desde hace varios, pero varios años, se ha insistido en la necesidad de otorgar una plena autonomía a las escuelas para que construyan sus propios documentos de trabajo con base en las problemáticas detectadas en su entorno inmediato. Sin embargo, hoy día, reina la centralidad y el más puro verticalismo – al estilo priista – en las decisiones. ¡Así se hace y punto!
De hecho, y sobre este mismo asunto, la verticalidad de muchos mandos medios de la SEP, jefes de departamento, jefes de sector, supervisores o directivos de las zonas escolares que “coordinan” en sus entidades, también se hizo presente. ¡Así lo determina la Secretaría y hay que hacerlo! Obviamente los argumentos, los reclamos, las evidencias de distinta naturaleza (pedagógica, administrativa o de salud) poco importaron. El mandato presidencial tendría que cumplirse cabalmente pues, como bien lo señaló el líder del SNTE: “los trabajadores de la educación deben desquitar su salario”, como si ese salario, durante el confinamiento educativo, no se hubiera empleado para comprar materiales didácticos, equipos tecnológicos para las sesiones virtuales o, simplemente, para atender una emergencia médica relacionada con la COVID-19.
Fui testigo que, durante esas dos semanas previas al inicio del ciclo escolar, en diversos espacios escolares se dialogó por varias horas, a partir de diversas aristas y con distintos argumentos, para lograr acuerdos relacionados con el tan citado y referido regreso a clases presenciales.
Muchas de esas conversaciones versaron sobre la forma en la que se podría disminuir los posibles contagios puesto que, como se sabe, no existe una alternativa que elimine ipso facto dicho contagio. Se distribuyeron comisiones, se asignaron roles o se dialogó ampliamente con los padres de familia para hacerles saber lo que los colectivos docentes también sabían. De igual forma, se adquirieron – por cuenta propia del profesorado – diversos materiales y utensilios para el ingreso a las escuelas y los salones a través de los filtros sugeridos, además de corregir o arreglar algún desperfecto – con dinero de su bolsillo – en sus respectivas aulas/escuelas.
Por lo que respecta al ámbito académico, pude saber de las intensas charlas que sostuvieron las maestras y los maestros para tomar los mejores acuerdos relacionados con la planificación de actividades – sincrónicas y asincrónicas –, el mejor instrumento para realizar el diagnóstico, la integración de un proyecto para dar forma a lo que las autoridades denominaron “recuperación de aprendizajes”, entre otras.
Poco importó esta organización; a “cuentagotas” se fue conociendo el Acuerdo Secretarial 23/08/21 por el que se establece el tan renombrado regreso a clases presenciales. Ni tarde ni perezosos, esos mandos medios se dieron a la tarea de desorganizar lo ya organizado; es más, hay evidencia de las amenazas de las que fueron objeto los profesores en caso de que no se cumpliera con lo mandatado y dispuesto en esta normativa, pero ¿y los recursos materiales y financieros llegaron? En absoluto; y mucho menos un plan educativo.
Otra vez se dio paso a la reorganización de lo ya organizado, pues todo debía ser “conforme” lo había dispuesto la autoridad educativa inmediata sin vislumbrar que, en efecto, la brecha de desigualdad con tal Acuerdo se acrecentaría con esta medida: “si como padre de familia no enviaste tu hijo a la escuela no recibirá el acompañamiento requerido, solo educación a distancia que no implica recibir clases virtuales, solo la realización de actividades que, a lo largo de la semana, el profesor o profesora de a conocer por medios electrónicos”. ¡Vaya forma de asegurar el aprendizaje de los estudiantes cuyos padres, con justa razón, decidieron no enviar a sus hijos a las instituciones!
Sin duda, abrir la escuela ha tenido sus costos; desde luego, si consideramos que para muchos de los actores directamente involucrados en el proceso formativo de los alumnos, ha implicado la erogación de un recurso económico importante que, dicho sea de paso, no tendría por qué hacerlo dado que se “supone” el estado-gobierno tienen la facultad, por un lado, de brindar todo los necesario para que las escuelas no tengan que emplear aquello que hemos llegado a conocer con el nombre de “cuotas voluntarias”, o bien, para que todo el magisterio, cuando llegue a su centro de trabajo, encuentre todo lo indispensable para que realice la función por la que fue contratado. Desafortunadamente esto no sucede así; ni en sueños. Sueños como los que continuamente tiene la Secretaria de Educación en donde todo es perfecto.
Indiscutiblemente, la salud emocional de esos mismos actores involucrados en ese proceso formativo es otro de los costos que, en efecto, la SEP no ha asumido ni asumirá con la verticalidad impuesta. ¡Las cosas son así y punto! Pero ¿acaso desde las oficinas y escritorios de esta dependencia se piensa y valora lo que en cada uno de los centros escolares se vive dadas las precariedades bajo las cuales se regresó a la presencialidad y por lo cual aumentó el riesgo de un posible contagio? Aún me pregunto: ¿existirá una sola escuela en la que los padres de familia y maestros no haya puesto un solo peso de su bolsillo para adquirir algún insumo para cuidar su salud y hacer su trabajo? Trabajo que, por cierto, se ve permeado por otra serie de decisiones absurdas, que bien rayan en lo ridículo porque, desde esas mismas oficinas y escritorios, se piensa que 23 días son suficientes para “recuperar” lo que supuestamente está “perdido”. ¡Vaya, este es el ejemplo de otro de los costos que tampoco ha asumido ni asumirá la SEP porque dicho costo, será trasladado al magisterio!
¡Bendito regreso a clases! – Seguramente habrá expresado la profesora Delfina ante el episcopado mexicano –.
