– El Instituto Nacional Electoral (INE) fue notificado este viernes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la resolución adoptada por la Segunda Sala respecto a la controversia constitucional 203/2020 presentada por el Instituto a fin de contar con los recursos necesarios para llevar a cabo la Consulta Popular del próximo 1° de agosto.
– Ante la determinación de la SCJN de declarar infundada dicha controversia constitucional, en aras de la transparencia y la claridad, el INE precisa:
Chihuahua.- El INE es respetuoso de las decisiones tomadas por los órganos del Estado mexicano y, desde luego, acata el sentido de las mismas.
El Instituto hará la Consulta Popular con los recursos con que cuenta para el ejercicio fiscal 2021, originariamente destinados a otras tareas.
La Primera Sala establece que el INE contó con excedentes presupuestales para el 2021. No fue así. Para el Ejercicio Fiscal 2021, al INE se le asignaron 26,819,801,594.00 pesos, después de un recorte de 870 millones de pesos al presupuesto originalmente presentado por la institución. Del presupuesto asignado, 7,226,003,636.00 pesos representaron el monto de financiamiento público federal para los Partidos Políticos Nacionales, así como para gastos de campaña del conjunto de Candidaturas Independientes; por tanto, no hubo excedentes.
La SCJN establece que el INE debió prever en la solicitud de presupuesto para 2021 recursos adicionales para la realización de la Consulta. Sin embargo, el presupuesto del INE se elaboró y envió para su aprobación en agosto de 2020, mientras que la solicitud de Consulta Popular fue hecha por el Presidente de la República el 15 de septiembre de 2020 y el decreto para la convocatoria de la Consulta Popular se publicó el 28 de octubre. Por tanto, era cronológicamente imposible prever en el anteproyecto de presupuesto recursos para la realización de una consulta cuya solicitud y convocatoria no habían sido emitidas.
El mismo día que se emitió la convocatoria, el INE hizo del conocimiento de la Cámara de Diputados y de la Presidencia de la República la solicitud de recursos adicionales al anteproyecto de presupuesto del Instituto para la realización de la Consulta. Sobre dicha solicitud, no hubo respuesta alguna.
En su resolución, la Corte establece que el INE debió controvertir el presupuesto finalmente asignado, a fin de que se contemplara la suficiencia presupuestal requerida para organizar y llevar a cabo la Consulta Popular. Justamente, el 15 de diciembre de 2020, el INE promovió una controversia constitucional en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, precisamente por no haber aprobado los recursos necesarios para la realización de ese ejercicio de participación ciudadana. Esta controversia no ha sido resuelta.
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