En entrevista para El Puntero después de haber compartido su postura públicamente en redes sobre el caso de los mil 067 maestras y maestros estatales «en transición» a los que Pensiones Civiles del Estado pretende transitar del Fondo Solidario a Cuentas Individuales, quien fuera director de PCE, Marcelo González Tachiquín, corroboró que el acuerdo que firmó en 2012 con el entonces dirigente de la Sección 42 del SNTE, René Frías Bencomo, está vigente y protege el derecho de estos docentes a permanecer en el esquema de Fondo Solidario. Es por ello que afirmó que las actuales autoridades de PCE y Gobierno del Estado deberían ser sensibles y evitar un problema innecesario. González Tachiquín defendió que la reforma de 2013- que entró en vigor en 2014- era necesaria para dar vida a una Pensiones Civiles del Estado que estaba más que quebrada, que fue producto de un acuerdo colectivo después de dos años de trabajo entre todos los implicados, que era buena, pero que el gobierno de Javier Corral Jurado tiró por tierra.
Quien fuera director general de Pensiones Civiles del Estado inició la entrevista señalando que cuando se elaboró la reforma a la Ley de PCE que entró en vigor el 1 de enero de 2014 fue con la «única finalidad (…) de darle vida a la institución, que estaba tronada y lo que le sigue económicamente».
Prosiguió refiriendo que «cuando se hace esa ley, créeme, que ni el sindicato de la 42 a través de sus líderes ni los otros 17 sindicatos y organizaciones de jubilados, digamos de esta manera, teníamos la necesidad de andarnos metiendo en esos problemas de manera oficiosa, sino que era una necesidad en aquel momento»
Recordó que por entonces había en torno a 85 mil derechohabientes titulares y con la reforma pasó a entre 130 y 140 mil más cónyuges, hijos,… hasta arrojar unos 300 mil derechohabientes directos o indirectos. «La idea de hacer esa reforma era que tuviera vida Pensiones porque la verdad de las cosas cada vez estaba más presionada las finanzas del Estado»
El objetivo principal, manifestó, «era proteger a los que ya estaban, a los que estaban llegando en ese momento y lo que iban a llegar en un futuro. Y cuando digo en un futuro era entre 2014 y 2114, eran de 100 a 110 años lo que esta ley proyectó».
González Tachiquín precisó que «los que ya estaban se les puso un régimen especial a partir de lo que se llama derechos adquiridos, yo soy derechohumanista de toda la vida, fui casi 20 años maestro de derechos humanos en la Facultad de Derecho y se protegió con un régimen muy específico en transitorios de la ley (…) Luego la ley en sí, el articulado normal protegía de que también tuvieran pensiones, jubilaciones, prestaciones económicas los que vinieran en el futuro de 2014 a 2114, pero luego había ahí un colchoncito, el colchoncito era los que estaban en el proceso de transición entre la vieja ley y la nueva ley, que ya estaban adentro, pero que carecían tal vez de basificación, carecían de reconocimiento o estaban ya en un esquema donde ya había, va de nuevo la palabra, eso es lo que toma en cuenta la Suprema Corte en un amparo, derecho adquirido».
«En ese momento, la Sección 42 y Pensiones Civiles del Estado hicimos un acuerdo para quienes estuvieran en esa hipótesis, que era entre el primero de enero de 2014 y cuando terminaba su función en la Sección 42 de aquella dirigencia (julio 2016) pudieran todavía entrar en el esquema de los transitorios, esto es en el esquema de las aportaciones solidarias al Fondo de Pensiones, no en cuentas individuales», aseveró González Tachiquín.
Enfatizó que más que verlo o referirse al caso de los mil 067 maestras y maestros como problema o conflicto, él afirmó que se trata de una oportunidad. «Es una gran coyuntura para que Pensiones Civiles del Estado con sensibilidad pueda entender que esos mil y tantos trabajadores del contexto de más de 100 mil que hay entre activos y jubilados, si son tratados con sensibilidad va a poder seguir transitando de manera correcta y digamos de manera menos dolorosa esta reforma financiera. Pero si no hay sensibilidad, ya sea de un lado o del otro, pueden escalar conflictos que no tiene caso», prosiguió, recordando la fábula de Esopo y el león.
González Tachiquín tendió la mano y se ofreció a apoyar no sólo a la Sección 42 y al grupo de afectados en colectivo, que están sufriendo la «doble interpretación» del acuerdo de 2012, sino también a PCE, institución a la que respeta, quiere, y en la que aún dijo conservar muchos amigos. «Si en algo puedo contribuir con mi modesto criterio político, mi modesto criterio jurídico, gratis, no estoy buscando cobrar nada, estoy a la orden», abundó.
Recordó que la reforma a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua era necesaria, como ha ocurrido a nivel internacional, porque si no no había posibilidad de garantizar su sostenimiento ya que no hay recursos que alcancen para el pago de pensiones. Señaló que la anterior databa de por allá de los años 50, cuando los derechohabientes se jubilaban a los 45 años en promedio y se moría a los 50 en promedio, cuando ahora se siguen jubilando igual en un promedio de 45 años, pero la expectativa de vida subió a 75 años.
Es por ello que reconoció que si bien llevar a cabo una reforma del calado de la que acometieron en PCE en 2013 «es arriesgada políticamente, puede generar un desgaste, puede verse arbitraria, sin embargo, no la hicimos a la brava, vamos ahí va la ley al Congreso. Nos tardamos dos años los 15 sindicatos, las 17 organizaciones» y que cuando llegaron a un consenso la reforma obtuvo el respaldo unánime de todos los legisladores y formaciones políticas representadas, incluyendo, recordó, a la actual gobernadora Maru Campos Galván y el fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno.
Marcelo González Tachiquín lamentó que desafortunadamente durante el quinquenio al que se refiere como «el corralato», encabezado por Javier Corral Jurado, no aplicó la Ley, puso en serio riesgo la viabilidad de Pensiones Civiles del Estado. Comparó la nueva Ley de PCE con el periodo de gestación de una mujer, que necesita cuidado y amor, lo cual refirió que no sucedió entre 2016 y 2021, sino todo lo contrario.
«Para que una Ley de Pensiones tan trascentes, superfelicitada a nivel internacional y local sea viable, necesita de su implementación. Para que la implementen se necesita no sólo la voluntad, porque no es un tema de voluntad respetar la ley, se necesita entenderla. Y yo sí vi que el corralato no la entendió porque no la aplicó, no dio seguimiento, no abrió oportunamente las cuentas individuales de los nuevos grupos, no quería respetar estos acuerdos, no reportaba lo que le retenían a los trabajadores, me acuerdo en la UACH (…) todos esos detalles hacen que el bebino o no nazca o no nazca como debiera nacer», manifestó el exdirector de PCE.
«Los débiles y los ignorantes critican siempre lo que no les gusta de ellos», concluyó a este respecto, apuntando que les ganaron a todo en los tribunales y ya están en otra etapa.