Por: Lic. Maclovio Murillo Chávez
Para muchas personas, hablar de Napoleón Bonaparte, es hablar de un personaje ampliamente controvertido, pues se le considera un libertador que luego de que se derrotó y puso fin a la monarquía francesa, al caer el emperador Luis XVI, por la vía violenta obtuvo el poder absoluto, y una vez obtenido, usó y abusó de él, como muy pocos lo han realizado en la historia no solo de Francia, sino de los imperios del mundo entero.
Napoleón ganó grandes batallas que lo convirtieron en una celebridad a nivel mundial, temido por sus enemigos y adulado por sus incondicionales, con una personalidad impresionante que acaparaba la atención del pueblo francés en ese tiempo ansioso de creer en un líder que impulsara su desarrollo como Nación libre en la cual fueran respetados los derechos del hombre.
Toda la inconmensurable soberbia, altanería y pedantería, disvalores acumulados en la personalidad de un solo hombre – personaje no solo muy destacado en la historia del pueblo francés, sino del mundo entero -, se ven sorprendentemente doblegadas, supeditadas y disciplinadas al imperio de la ley, en la frase de su autoría que, refiriéndose al Código Civil conocido mundialmente como Código Napoleónico, lo reconoce como su obra magna y, con ello, implícitamente también reconoció la necesidad de contar con normas jurídicas realmente funcionales, que sean no un reflejo de su individual visión o querer, sino producto reflexivo de las experiencias en otros tiempos y latitudes.
No olvidemos que precisamente la notoriedad de ese Código Napoleónico, estriba en ser no solo el fruto inmediato de la revolución francesa, sino como “… el más feliz y logrado resultado de varios siglos de desarrollo legislativo, doctrinario y jurisprudencial de un modo peculiar de entender al Ius Comune, el mos gallicus, sin olvidar ciertamente el crisol de costumbres; y, el paradigma, porque impuso una nueva lógica y porque no hubo en adelante proyecto de código civil alguno en el orbe que no tuviera como referente obligatorio a esta obra notable. . .”
A Bonaparte se le atribuye la frase que en idioma francés dice:
“. . . Ma vraie gloire n’est pas d’avoir gagné quarante batailles; Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. Ce que ríen n’effacera, ce qui vivra éternellement, c’est mon Code Civil . . .”
Y la traducción de esa frase al español, es la siguiente:
«Mi verdadera gloria no consiste en haber ganado cuarenta batallas; Waterloo borrará el recuerdo de tantas victorias. Lo que nadie borrará, aquello que vivirá eternamente, es mi Código Civil».
Sin duda es sorprendente que hasta el creador de uno de los imperios más grandes de la historia mundial, haya entendido que las relaciones de los seres humanos deben regirse a través del derecho, como único medio eficaz para prevenir y solucionar los distintos conflictos y diferendos que puedan presentarse en una sociedad organizada y especialmente que las leyes deben ser producto de un análisis reflexivo tomando en cuenta experiencias pasadas no solo del país o nación en la que deban implantarse, sino en la de otras naciones.
Mucho más sorprendente es que -en la actualidad-, nuestro presidente que llegó al poder por la vía democrática, usufructuario de un sistema de normas jurídicas que hicieron posible el respeto del voto popular y apoyado ampliamente por la mayoría de los mexicanos, se empeñe ahora a destruir precisamente ese sistema de normas que hicieron posible su asenso, desdeñando irrespetuosamente al derecho, al expresar frases lapidarias como aquellas que dicen “no me vengan con que la ley es la ley” y “ al diablo con las instituciones”, las cuales, lamentablemente no se quedaron solo en el plano de los dichos, sino al pasarse a los hechos, se ha procedido a la destrucción y desmantelamiento de los organismos autónomos que son los garantes de la democracia y del respeto a la Constitución y las leyes, como es -entre otros- el Poder Judicial de la Federación, al que con su iniciativa de reforma pretende liquidar totalmente para dar paso a la elección de Ministros, Magistrados y Jueces, sin tomar en cuenta ni considerar que según la experiencia acumulada, la tradición jurídica y jurisprudencial, un sistema que politiza y partidiza el nombramiento de los titulares de la judicatura, no garantiza la independencia, autonomía e imparcialidad de estos, porque incita a que las decisiones de estos se orienten a cumplir compromisos derivados del programa de gobierno de quien los propuso, motivos todos por los que un sistema de elección de esa forma desarrollado, resulta objetivamente incompatible con las necesidades de nuestro País y se antoja perniciosamente direccionado a sepultar la democracia y el estado de derecho para dar paso a una tiranía.
Así, es cuanto.