Por: Víctor M. Quintana S.
Alguno de sus asesores políticos cobramillones les ha de haber dicho que una imagen vale más que mil alegatos jurídicos. Por eso le dieron a Ciro la exclusiva: transmitir en tiempo real la detención de Javier Corral por agentes judiciales chihuahuenses.
De esta manera el gobierno de Chihuahua decidió construir su posverdad sobre los motivos de la persecución que trae contra el exgobernador Corral para influir en los sentimientos del público y sean éstos y no los hechos objetivos lo que establezcan qué es la verdad, Real Academia dixit. ( https://bit.ly/4cBIVF1)
Pero, como otras, esta posverdad se combate explorando su génesis y su contexto:
En 2016 la ciudadanía chihuahuense llevó a Javier Corral a la gubernatura con un contundente mandato: combatir y castigar los múltiples hechos de corrupción del gobierno de César Duarte. Aunque puede ser que en algunos otros aspectos del gobierno quedara corto, no fue en este combate: la operación “Justicia para Chihuahua”, reveló el descomunal atraco de recursos al erario y la red de complicidades que lo hizo posible, que involucra a varios integrantes del actual gabinete y a la dirigencia nacional del PRI en aquellos años, beneficiada por la ya muy conocida “Operación Safiro”.
Hasta el 2018, Andrés Manuel López Obrador y Javier Corral hicieron públicas sus críticas uno del otro. Pero precisamente la lucha frontal contra la corrupción de Corral y los esfuerzos transformadores del Presidente, además de sus largas pláticas y recorridos los fueron acercando. También ayudó la trayectoria progresista de Corral, su oposición a la Ley Televisa, a la Reforma Energética del Pacto por México, su defensa de causas como de las personas desaparecidas o el rechazo al fracking.
Luego se fue dando un acercamiento y colaboración del gobernador de Chihuahua con importantes figuras del gobierno de la 4T y un distanciamiento del PAN, cada vez más alejado de su mística social cristiana y más cercano al neoliberalismo salinista y al PRI. Corral terminó renunciando al PAN y, conocedora de su trayectoria, la ahora Presidenta Electa, Claudia Sheinbaum lo invitó a encabezar el equipo que elaboró su plataforma anticorrupción.
Al llegar María Eugenia Campos a la gubernatura de Chihuahua en 2021, con la alianza PAN-PRI-remanentes del PRD, se hace presente la red de complicidades tejida en torno a César Duarte. Desde entonces, en total connivencia y sin separación alguna, el ejecutivo, el legislativo y el judicial del estado buscan revertir la operación Justicia para Chihuahua: se van liberando a los responsables presos hasta culminar con la libertad condicional al propio Duarte, dos días después de las elecciones del 2 de junio pasado. Al mismo tiempo se organiza una persecución de exfuncionarios corralistas comenzando por el Fiscal Anticorrupción, y un ataque sistemático a través de los medios de comunicación pagados por el gobierno del estado.
En este contexto se inscriben los hechos de 14 de agosto: la ilegal tentativa de los agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua por aprehender a Javier Corral en un restaurante de la Ciudad de México, la intervención del encargado del despacho de la FGJCDMX Ulises Lara para impedir la detención extralegal, así como las expresiones de López Obrador y Claudia Sheinbaum en apoyo a Corral y condenando la venganza política instrumentada por las autoridades chihuahuenses.
Más allá de lo episódico, estos hechos merecen por lo menos dos reflexiones sobre la lucha contra la corrupción y la impunidad:
La primera es que la corrupción es mucho más que un grupo de personas, unidas sólo circunstancial y localmente. Es un sistema, una red con nodos nacionales y hasta internacionales, metastasiado en toda la sociedad. Es muy difícil combatirla sólo a nivel local porque ahí los grupos de poder actúan sin contrapeso e imponen sus intereses. Para desterrarla es necesario que los esfuerzos locales se apoyen y se complementen con acciones efectivas de los poderes federales.
La segunda es que las redes de corrupción no sólo se defienden jurídicamente. Cuentan con todo un aparato ideológico cuyo fin primordial es desacreditar las acusaciones de quienes las combaten, generar confusión e influir en la ciudadanía mediante el oscurecimiento y aislamiento de los hechos reales, racionales, y la construcción de posverdades, basadas más en imágenes y emociones que en datos fácticos y razonamientos. Es una forma de dominación política que pretende que el público crea ciegamente en algo, haya o no evidencia que lo soporte.
De ahí que los gobiernos corruptos busquen comprarse y controlar todo un aparato de medios de comunicación, redes sociales, influencers y bots para imponer su posverdad a la ciudadanía. En el caso del gobierno de Chihuahua, desde septiembre de 2021 ha gastado mil 90 millones de pesos en medios, portales y redes sociales, casi el doble del presupuesto anual de los seis municipios más pobres de la Sierra Tarahumara.
Entonces la transmisión del fallido intento de detención ilegal de Corral en tiempo triple A no se debe a la “suerte de reportero” sino a una filtración de las autoridades norteñas a uno de los medios al que el gobierno de Chihuahua le ha pagado en lo que va de esta administración 16 millones de pesos por ser portador privilegiado de su posverdad.
