Este sábado trascendió que la jueza de Distrito de la Ciudad de México, Patricia Marcela Díez Cerdá, atendió la demanda de amparo interpuesta por el exgobernador de Chihuahua y le concedió una suspensión provisional, que lo protege ante la orden aprehensión emitida por un juez del Distrito Judicial Morelos de Chihuahua, a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción del Estado, señalándolo de un presunto delito de peculado agravado por el supuesto desvío de 98 millones de pesos del erario público.
Con la obtención de esta garantía federal, el exgobernador no podría ser detenido por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, al menos por el delito del presunto desvío mediante un contrato simulado para la reestructuración de la deuda y por la orden de aprehensión que circuló en medios.
Según trascendió, la jueza Patricia Marcela Díez Cerdá fijó para dentro de 10 días, el próximo 27 de agosto, la audiencia en la que se habrá de dirimir y determinar si concede a Javier Corral la suspensión definitica -a apenas cinco días de que éste asuma como senador de la República- y tentativamente la audiencia constitucional se estaría llevando a cabo el 27 de septiembre.
Desde el primer momento el exmandatario chihuahuense calificó de ilegal su intento de detención por parte de elementos de la FACH en el restaurante Gin Gin de la Ciudad de México y sostuvo que se trata de un intento de revancha o venganza de parte de la actual gobernadora, Maru Campos Galván, y el exgobernador César Duarte Jáquez, cuya captura logró en California en el seno de su Operación «Justicia para Chihuahua» y que, posteriormente, ya durante el sexenio de Maru Campos fue extraditado a México, llevado ante un juez en Chihuahua, acabando en prisión, de la cual salió recientemente, para seguir el proceso en libertad, al cumplirse los dos años que la legislación permite que un acusado pase en prisión preventiva sin una sentencia.