Por: Lic. Maclovio Murillo
Uno de los mayores peligros que se cierne sobre nuestro querido México, son las modificaciones y adecuaciones constitucionales impulsadas por el Ejecutivo Federal para reformar el sistema de justicia.
Como eje central de la reforma, se propone defenestrar a todos los juzgadores tanto federales como locales, con la idea de sacarlos de sus puestos a través de un golpe de estado técnico, digno de un estado dictatorial, con la finalidad de elegir a otros que tengan solo una virtud: ser obedientes hasta la abyección, fieles y leales al régimen, sus intereses y propósitos, dejándose a un lado las virtudes especialísimas que necesariamente debe cubrir un buen juzgador, como son los conocimientos jurídicos, grados académicos, capacidades, experiencia en la función a través de la carrera judicial, su probidad e idoneidad y todas aquellas características individuales que fortalezcan su independencia, autonomía e imparcialidad para ejercer la noble función de juzgar, que en esencia consiste en darle a cada quien lo suyo conforme la Constitución General de la Republica, los Tratados Internacionales y en general, el derecho positivo aplicable.
La reforma concibe la actividad de hacer justicia, como una cosa menor, que puede realizarse solo con sentido común, pues permite nombrar a los juzgadores, a través del voto popular, sin tener ni demostrar que cuentan con carrera judicial, capacitación especial y experiencia que les permita la idoneidad para ejercer el cargo. De esa forma, muchos abogados mediocres o inclusive a los de pésima calidad en todos los sentidos, serán electos y nombrados juzgadores con tal que sean populares y que sean afines al gobierno, como lo son muchísimos diputados y senadores, sin ejercerse algún control de calidad que asegure la designación de solo los más idóneos y mejor preparados para el cargo.
En apariencia se pretende privilegiar la popularidad frente a la capacidad, desdeñándose los atributos con los que debe contar un buen juzgador, pero en el fondo lo que se esconde y realmente persigue, es sustituir a toda la judicatura para acomodar a personas afines al régimen para que sus fallos se ajusten a sus necesidades y propósitos, sin importar la imparcialidad, independencia y autonomía del juzgador, haciéndose así añicos a la justicia y el derecho, para luego tomarse por asalto los restantes órganos autónomos que podrían establecer contrapesos, anulándose de esa manera todo órgano independiente para dar paso a la dictadura que ostensiblemente se pretende instalar en nuestro País.
En la iniciativa de reforma no se encuentra ausente el tufo de la venganza de quien la promueve, porque la forma en que se plantea, sin duda sugiere objetivamente el deseo de deshacerse de todo un poder que no fue obsequioso con su plan de gobierno sexenal, evitando en muchas ocasiones sus desenfrenos, al declararse inconstitucionales e ilegales muchísimos actos de autoridad.
El daño a la justicia será mayúsculo y de proporciones objetivamente incalculables, porque se pondrá en la judicatura, para impartir justicia a quienes nada saben de esa labor que es tan técnica como la de un cardiólogo o la de un cirujano por ejemplo.
Muy probablemente -casi seguro- esa reforma judicial será aprobada por el Congreso de la Unión integrado en su abrumadora mayoría por diputados y senadores del partido en el poder, fieles, leales y obedientes hasta el extremo vergonzoso que raya en la abyección, al promotor de la reforma quién es hoy por hoy el Gran Legislador al que ni una coma se le agrega o quita de sus iniciativas de ley.
Sin embargo, es muy poco el porcentaje de ciudadanos que alcanza a dimensionar el peligro que la reforma representa, pues ahora sí que la justicia es importante solo para quienes en su momento la llegan a necesitar, pero mientras eso no ocurre, las pensiones son más que suficientes para alentar el aplauso popular.
Se ha justificado la reforma con base a los índices de corrupción que se dice presentan tanto el Poder Judicial de la Federación como los Poderes Judiciales de los Estados, así como el rezago, su ineficacia e ineficiencia y por haberse separado de la sociedad en general, solo que la zorra no se ve su cola como dice el dicho popular, porque tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo (sea federal o local) hemos visto y seguimos viendo los mismos y peores vicios de los que se acusa a la judicatura, y aún con muchísima mayor intensidad, no obstante que los titulares de esos poderes son electos desde hace muchísimas décadas por voto popular, lo cual, demuestra que el antídoto para eliminar!esos flagelos, definitivamente no es para nada la designación a través del sufragio.
¡Así, es cuanto!