*Diputada continúa acompañando demanda contra Gobierno del Estado por familias de policías penitenciarios asesinados
Chihuahua Chih.- ‘Hacen una declaración pública que es hasta humillante para la familia, es lastimoso para la familia mostrarlas como que están mintiendo al no reconocer ahora, que eran empleados de Gobierno del Estado. Es inaudito el cinismo, la forma tan mezquina, la forma que están respondiendo esta petición de indemnización’, crítico la diputada María Antonieta Pérez Reyes integrante del Grupo Parlamentario de morena en el Congreso estatal, a la postura de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dentro del juicio que se hace por el motín ocurrido en el Cereso estatal número 3, en enero de 2023.
Donde la dependencia de seguridad, niega que uno de los agentes de custodia penitenciaria de nombre Guadalupe Gámez Galán, no tenía relación laboral con ellos al momento de ser asesinado por reos armados en el Cereso de Juárez hace más de 17 meses y que sus deudos aún no reciben las indemnizaciones de índole laboral que exigen.
La legisladora juarense aclaró que de los 10 custodios asesinados el día de los hechos, las familias de nueve de ellos iniciaron una demanda contra de Gobierno del Estado y de la Secretaria de Seguridad Pública y quien resulte responsable, donde la diputada coordina las querellas a petición de las viudas de los agentes.
Se indicó que las demandas han pasado varias etapas y ahora están en la presentación de pruebas, pero le parece inaudito a la congresista cómo Seguridad Pública Estatal y el Secretario Gilberto Loya Chávez respondieron dentro del juicio que el custodio Gámez Galán no era uno de sus empleados. Por qué lejos de mostrar empatía al confirmar ante el juez que Gámez Galán si tenía relación laboral con el Gobierno del Chihuahua y no con la Secretaría de Seguridad, ahora peleen legalmente en contra de las familias por el cobro de sueldos caídos, pensiones, seguros médicos y un seguro de vida con el que contaban los policías carcelarios.
Por último, Pérez Reyes exige saber si la Secretaría de Seguridad Pública Estatal actuará de la misma forma en contra de las ocho familias que mantienen la demanda de pagos no realizados en su favor.
