• La capacitación en materia de Derechos Humanos y actualización se llevó a cabo en la República de El Salvador
El Salvador.- Con el objetivo de fortalecer la cooperación entre países Latinoamericanos en materia de derechos humanos y combate a los delitos transnacionales, personal de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada, viajó a la República de El Salvador, con el objetivo de participar en el programa de capacitación de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley.
Durante su estancia, los servidores públicos invitados, abordaron con detalle la aplicación de los Derechos Humanos en América Latina, y trabajaron con las técnicas más actuales para el combate de delitos trasnacionales como lo son terrorismo, narcotráfico, crímenes financieros, crímenes informáticos, tráfico ilegal de armas y tráfico ilegal de personas.
En este encuentro participaron representantes de países como Bolivia, Perú, El Salvador y México, quienes tuvieron la oportunidad de compartir experiencias sobre la aplicación de los Derechos Humanos en cada país.
Cabe destacar, que el equipo mexicano encabezado por la Fiscal Especializada en Derechos Humanos y Desaparición Forzada, Ada Miriam Aguilera Mercado, tuvo una participación especial donde expusieron el modelo de los Derechos Humanos que se aplica en el estado de Chihuahua, y que ha servido como referente para otros estados del país.
La academia se especializa en capacitar al personal que labora en corporaciones de seguridad en Latinoamérica y el Caribe, con el objetivo de fortalecer las colaboraciones entre las comunidades latinas y los Estados Unidos para el combate de los delitos.
Se trata de una red de academias internacionales con presencia en Bangkok, Budapest, Gaborone, Roswell y el oeste de África, que se crearon a partir de una iniciativa de los Estados Unidos, con el fin de trabajar en ambientes multiculturales que favorezcan la coordinación entre corporaciones encargadas de hacer cumplir la ley.
El programa, se diseñó con el objetivo de apoyar la gobernabilidad mediante la aplicación de la ley, y con ello, incrementar la estabilidad social, política y económica, por medio del combate de los crímenes multinacionales.