Tras comprobar el oscurantismo, clandestinidad y falta de apego al debido proceso con los que la Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua, especialmente a través de su Coordinación Jurídica, lleva a cabo, el despacho de abogados Vidaña, Maltos y Asociados tuvo que recurrir a entregar este martes 2 de abril un oficio dirigido a autoridades como la propia gobernadora, Maru Campos Galván, el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, y la titular de la SEyD, Sandra Elena Gutiérrez Fierro, entre otros, exigiendo que se cumpla el mandato de la Junta Arbitral y brinden a la maestra -al igual que cuando la pusieron a disposición- un documento oficial de reinstalación, poder tener acceso al caso, que se garantice el debido proceso en el proceso abierto a la maestra Rita Patricia Molinar Caraveo, directora de la Preparatoria Maestros Mexicanos Sur Turno Vespertino. Los abogados denunciaron violaciones flagrantes, que afirman van contra los discursos del propio Ejecutivo Estatal, y advirtieron que si transcurridos ocho días no obtienen respuesta recurrirán a la vía del amparo de la justicia federal para hacer que la SEyD cumpla. Además, anunciaron que harán por conocer del resto de casos en situaciones similares para acabar con la indefensión en la que las maestras y maestros se encuentran ante una SEyD que se erige en autoridad investigadora y juzgadora.
La maestra Rita Patricia Molinar Caraveo fue puesta a disposición a principios de este pasado febrero y apartada de la dirección para investigar una denuncia por un supuesto acoso sexual a una secretaria por parte del trabajador manual, y contra la directora por presunto hostigamiento laboral.
El Puntero tuvo la oportunidad de platicar con los abogados defensores de la maestra, David Faudoa y Gabriel Vidaña, que para empezar, señalaron hasta el momento no se le ha dado su derecho de audiencia y ni tan siquiera conocen ni se les informa de qué tipo es el procedimiento abierto en su contra.
David Faudoa empezó señalando que la maestra Molinar lleva sufriendo siete años de persecución, durante los cuales ha venido presentado denuncias y documentos de prueba ante del Departamento de Litigios y Gestión de la SEyD de quienes la estaban hostigando, incluyendo inspectores y demás, y la autoridad nunca procedió ni le dio seguimiento, y ahora en cambio a ella enseguida le abrieron un procedimiento al día siguiente de que se presentara la denuncia. Afirmó que tienen constancia de que habría iniciado desde el 8 de enero, pese a que la directora no fue notificada de su separación temporal hasta el 8 de febrero.
Tras su puesta a disposición para llevar a cabo la investigación, prosiguieron, la maestra acudió al Instituto Chihuahuense de las Mujeres, dependencia que aseguraron la respaldó, apoyó y solicitó unas medidas de protección ante la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, que instruye directamente al jefe del Departamento de Litigios y Gestión de la SEyD, Rodrigo Antonio Nevárez Carlos, y al jefe del Departamento de Educación Media Superior de la SEyD, Fernando Pacheco Ríos, reinstalar a la maestra Molinar en la Dirección. Denunciaron que, contrario a acatar el mandato o de rebatir el fondo, Nevárez limita su actuación a buscar nulificar la notificación «patear el bote», «chicanear», «alargar el proceso»,…
David Faudoa refirió que la maesta está fungiendo como directora, pero el problema o la situación es que no hay o no cuenta con un documento oficial que diga que está reinstalada, como sí lo hubo para su puesta a disposición.
De hecho, tanto Vidaña como Faudoa manifestaron que hasta la fecha no saben si es un proceso de tipo administrativo, laboral, ni el estado ni avance del proceso. Refirieron que el motivo de separarla temporalmente de la dirección era para no entorpecer las investigaciones y no molestar a la víctima, pero adviriteron que la secretaria denunciante no está ya en el plante porque pidió su cambio de centro de trabajo y se lo concedieron.
Volviendo al momento de la notificación del proceso a la directora, los abogados afirmaron que al día siguiente 50 de 52 trabajadores de la Preparatoria tomaron la escuela a favor de la maestra Molinar, exigiendo una investigación justa y que la regresaran. Apuntaron que ese mismo día, llegó a la protesta Fernando Pacheco y dijo a los manifetantes que si levantaban el paro al viernes de la semana siguiente reinstalaban a la maestra Molinar. Algo que no ocurrió y además desde la SEyD se les niega cualquier información tanto a la maestra como a ellos como sus representates legales.
Ante esta situación totalmente anormal, los abogados tuvieron que recurrir a escalar el caso y exigir, vía oficio, a las autoridades, incluyendo a la gobernadora Maru Campos, Santiago de la Peña, Sandra Elena Gutiérrez y los citados Rodrigo Antonio Nevárez y Fernando Pacheco, algo que debería darse de por sí, ni más ni menos que el debido proceso.
David Faudoa señaló que en este solicitud se pide a las citadas autoridades, primero, que se acate la resolución de la Junta Arbitral, y, en segundo término, en lo relativo al proceso interno, que les permita nombrarlos como abogados, qué actos de investigación realizado, qué tipo de expediente es, por qué no han revisado las pruebas aportadas, y si en estos tres meses no habían encontrado elementos o no los han buscado, que formalmente cierren la investigación y dejen el expediente limpio.
De igual forma, apuntaron que si por el contrario quieren continuar con el proceso, que le den el derecho de réplica, lo cual precisó se tuvo que haber hecho desde que tomaron la denuncia de la secretaria, así como permitirle nombrar abogados. «No pueden existir procesos secretos», aseveraron.
En el documento también se solicita copia certificada del expediente completo y de todos los antecedentes de investigación que han realizado y cómo va el expediente.
Informaron que el miércoles acudieron a buscar una audiencia con la secretaria de Educación y Deporte, Sandra Elena Gutiérrez, quien no los pudo atender porque se encontraba en un evento en Palacio. Ante esta situación, refirieron que acudieron con Nevárez, pero éste les dijo que no les podía atender hasta que llegara el titular del Jurídico, José Acosta Morales. Afirmaron que le tomaron el número de teléfono y que incluso que les dijeron que no se marcharan porque era cuestión de minutos, pero hasta ayer en la tarde era hora que no les marcaban para recibirlos.
Los abogados Gabriel Vidaña y David Faudoa aseguraron que, con todo este actuar, se han dado cuenta que las maestras y los maestros están totalmente indefensos ante estos procesos oscuros y carentes de transparencia que lleva a cabo la SEyD y su Coordinación Jurídica, quienes aseguraron están «constituidos como todo un tribunal», fungiendo como acusador, investigador y de juez.
Ante esta situación, afirmaron que su despacho se dará a la labor de enterarse de todos los procedimientos abiertos en Jurídico para ponerse a la orden de los maestros y que cuenten con el derecho a la defensa que les asiste constitucionalmente.
