La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación dirigida directamente al director General de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, Donaciano Héctor González Estudillo, dándole la razón, después de dos años y medio de lucha, a la maestra Martha Cruz Martínez, exigiendo a la autoridad su reinstalación, pago de sueldos caídos, la reparación total del daño y no repetir vicios y violaciones como la de no permitir defenderse a los docentes inmersos en procesos jurídicos. La maestra denunció que durante estos años sólo le ofrecieron plazas con otra clave, fuera de la ciudad y no reconociendo sus sueldos caídos, lo cual no aceptó. Afirmó que éste es un precedente para las decenas de maestros cesados irregularmente, entre ellos la maestra Isela, que lamentablemente falleció sin que se le hiciera justicia después de 17 años de lucha.
La maestra Rosa Lilia Cardona Muñoz afirmó que estaban muy contentos por «se ha hecho justicia en el Estado de Chihuahua» a favor de la maestra Martha Cruz Martínez después de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos la informara de la emisión de una recomendación a su favor. Esto después de que la maestra fuera cesada el 13 septiembre 2021 cuando laboraba en la Primaria Federal Doctor Salvador Allende, de la colonia Villa Nueva, después de más de 20 años de servicio.
Cese que recordó se dio por el simple hecho de haber presentado un manifiesto de que no estaba de acuerdo en el actuar de este supervisor de la Zona 07, Rafael Castañón, quien afirmó llegó asignando espacios que no le correspondían y por haber sido obligada, bajo amenazas, a vacunarse contra COVID-
En rueda de prensa, la maestra Martha Cruz Martínez mostró hoy documentos que ha venido esgrimiendo durante su lucha, haciendo hincapié en que desde SEECH «me negaron el derecho a esos 10 días para yo poder defenderme, ni eso se me permitió».
Esgrimió que cuenta con un acta, en la que la parte sindical, la parte administrativa de SEECH, en la que le dicían que podía ir a vacunarse contra COVID, lo cual, manifestó, tuvo que hacer bajo amenazas del supervisor Rafael Castañón.
Aseguró que levantó la voz por no estar de acuerdo con actos fuera de legalidad de Castañón, puso un amparo, y antes le llegó el cese que el amparo porque ya sabían lo que iba a hacer.
Recordó que en la revisión de SEECH también le dieron el amparo, pero sin embargo Selene Prieto Domínguez, quien era jurídico de SEECH, le negó reiteradamente el acto reclamado y su derecho. Agregó que también se levantó un acta a su favor en la CEDH reconociendo violación de derechos y discriminación por parte del supervisor. Denunció que nunca recibió un citatorio alguno para ser escuchada por el órgano de control interno de SEECH.
En su recomendación, la CEDH asegura que quedan evidenciadas diversas violaciones a derechos de la maestra y responsabiliza de las mismas a las personas adscritas a SEECH que participaron con sus actos u omisiones.
Le reconoce a la maestra el derecho a la reparación integral del daño sufrido y lograr la total restitución, así como que se deberá investigar y sancionar violaciones a los derechos humanos en los términos establecidos en la ley. La restitución también incluye los sueldos caídos.
Además, entre las medidas para la satisfacción de la dignidad de las víctimas, insta a las autoridades de SEECH a celebrar una reunión conciliatoria entre la denunciante para solventar los vicios procedentes, y la conmina a implementar medidas para la no repetición, incluyendo la de no violar el derecho a la defensa de las personas.
