Mariano Cordero, representante legal de los afectados por Aras Business Group, anunció la intención de impulsar un juicio contra la empresa tras la concesión de un fallo favorable. Se destacan irregularidades en el proceso, como la aparente omisión de la juez Laura Mendoza de considerar la cantidad exacta de la deuda.
Cordero argumenta que esta situación refleja deficiencias en el proceso legal y señala que no se ha considerado adecuadamente el número total de afectados. Aunque en la carpeta judicializada se cuentan 4,500 personas, hay otros afectados en Chihuahua y al menos 600 más en Ciudad Juárez que no han sido incluidos.
El representante legal expresó su preocupación por la aparente clausura prematura del caso y criticó la falta de sanciones efectivas contra la empresa. La inacción, según Cordero, crea un precedente para futuros actos similares por parte de otras instituciones.
La Fiscalía General del Estado también ha sido cuestionada por no abordar eficazmente el caso, generando malestar entre los afectados y la sociedad. Cordero resalta la necesidad de que la indemnización sea asumida tanto por el gobierno estatal como por el Estado mexicano.
Responsabiliza a las autoridades locales y federales por su inactividad y falta de fiscalización, permitiendo el fraude patrimonial. Cordero sostiene que el daño patrimonial es del 100 por ciento y busca la reparación a través de las vías penales pertinentes.
En cuanto al número de afectados, Cordero revela que, inicialmente 600 clientes, podrían quedar fuera del proceso de impugnación debido a tácticas engañosas empleadas por ciertos abogados que buscan compensación de otras formas.
