Por: Víctor M. Quintana S.
La injusticia que impera sobre la Sierra Tarahumara ha generado una crisis de inseguridad humana generalizada. La sequía ha agudizado la inseguridad alimentaria. A ésta se agregan la crisis de inseguridad ciudadana y la crisis del desplazamiento forzado.
La semana pasada, la Secretaría de Salud del gobierno de Chihuahua reportó el fallecimiento de 17 niñas y niños indígenas en la sierra por desnutrición. Agregó que se han localizado 67 casos de desnutrición severa y 255 de desnutrición “leve” en varios municipios serranos. Seguramente hay un subregistro de éstos, porque las brigadas de salud no llegan muchas veces a los caseríos más aislados y dispersos, y porque los fallecimientos de niñas y niños que no tienen acta de nacimiento ni siquiera se registran. No tienen derecho a vivir ni derecho a morir.
Los municipios seranos de Chihuahua con mayor población indígena son los de mayores porcentajes de población con carencia de acceso a la alimentación: Balleza 50.1%, Guachochi 45.8%, Morelos 45.6%, Batopilas 40% y Uruachi 38.7% (CONEVAL 2020). En una investigación realizada en 2021, se concluye que: “La población infantil indígena Tarahumara, (presenta) proporciones de talla baja (30,2 puntos porcentuales más que la media nacional) y sobrepeso (8,4 puntos porcentuales más que la media nacional) superiores a las prevalencias nacionales en el área rural para este grupo de edad, y más altas que en infantes indígenas que viven en localidades pobres de México. https://bit.ly/48cjDeP
Todo esto se agravará este invierno y la próxima primavera porque debido a la sequía no habrá cosechas en la sierra. La falta de alimentos provocará éxodos masivos a las ciudades, y hambruna y muerte en la Tarahumara.
No es la única inseguridad que enfrentan los habitantes de la Sierra: la actividad del crimen organizado, el control que ejerce sobre el territorio y la tala clandestina de los bosques de las comunidades no se han podido controlar. Aunque hay decomisos de madera ilegal y se ha establecido un sistema especial para que se denuncien las acciones de los talabosques, muy pocas personas se atreven a denunciar, dado el miedo a las represalias de los maleantes.
Acá no suceden acciones armadas de resistencia como las de los pobladores de Texcaltitlán contra la Familia Michoacana. En primer lugar, porque los rarámuri y los ódame prefieren remontarse a enfrentarse; en segundo lugar, porque viven en pequeñas poblaciones aisladas y fácilmente son superados en número y armamento por los delincuentes.
Lo único que les queda es dejar sus hogares, sus ranchos, a merced de los malandros y desplazarse a otros lugares menos inseguros. El desplazamiento forzado, sea por las amenazas del crimen organizado, sea por la sequía provocada por el cambio climático es una realidad cotidiana y creciente.
Así lo atestiguan varias comunidades ódame (tepehuán) de la región de Santa Tulita, Guadalupe y Calvo en la Segunda Jornada Civil por la Paz que realizaron en noviembre pasado, junto con CONTEC, la parroquia de Baborigame, COPPSAC y Brigadas Internacionales de Paz. Las 250 personas adultas y 73 niños que participaron señalaron como sus principales problemas: la sequía que los hace migrar a los campos agrícolas de Sinaloa o Chihuahua: la tala ilegal de bosques, la carencia de agua potable, las precarias condiciones de salud y alimentación, el miedo a los delincuentes y el riesgo inminente de desplazamiento forzado.
Sus demandas son prácticamente las mismas que bullen por toda la Sierra Tarahumara: que se garantice la seguridad y la tranquilidad de las familias mediante un resguardo permanente de los tres órdenes de gobierno que detenga la tala ilegal y las acciones criminales. Asistencia médica constante y de calidad, especialmente a la desnutrición en mujeres, niñas y niños. Una reserva de alimentos para atender la emergencia alimentaria. Instalación de sistemas de agua potable para evitar las enfermedades gastro-intestinales que interactúan en círculo vicioso con la desnutrición. Financiamiento para proyectos productivos que aborden integralmente la sostenibilidad de las comunidades.
Mientras la inseguridad humana cunde en la Tarahumara, el gobierno del estado no rinde cuenta de los mil 645 millones de pesos que en 2022 y 2023 etiquetó en el presupuesto de egresos para “Personas de Pueblos Indígenas”, pues la secretaría correspondiente sólo ejerció un 7.5% de esa cantidad en 2002 y la de Servicios Educativos que se supone ejerció el 92% niega haber ejercido el recurso etiquetado ni se demuestra cómo se benefició a los pueblos originarios. En tanto para el presupuesto de 2024 el gobierno de María Eugenia Campos incrementa el rubro de “compensaciones” en más de mil millones de pesos y en un 276% el de viajes al extranjero del despacho de la gobernadora. Tan cerca de las Bahamas y tan lejos de Santa Tulita.
La injusticia se manifiesta como exclusión, como descarte de los derechos fundamentales, como señala el Papa Francisco. Así lo sufren las comunidades de la Tarahumara: descarte del acceso a la alimentación y salud; de la seguridad de sus personas y su exiguo patrimonio, del desarrollo económico y bienestar. En una coyuntura sobre politizada y sobre electoralizada, olvidarlas por su escasa “rentabilidad política”, sería otra señal ominosa de que la deshumanización se apodera de la política.
