Chihuahua, Chih.-Santiago de la Peña, secretario general de Gobierno del Estado, ha expresado su preocupación respecto a la imposición de una nueva modalidad de transporte mediante un decreto presidencial, que sugiere la intervención del gobierno federal en caso de incumplimiento por parte de las empresas. Esta medida, según De la Peña, no solo plantea cuestionamientos sobre la eficacia del transporte, sino que también genera un problema de certeza jurídica al despojar a las empresas de derechos adquiridos a través de concesiones.
En este contexto, De la Peña destacó la postura firme de la gobernadora del estado, Maru Campos, y el Gobierno del Estado, quienes han abogado por un país basado en leyes y han respetado las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso cuando no han favorecido al Gobierno Estatal. Esta defensa de principios legales es esencial para mantener la confianza de los inversionistas y el buen funcionamiento de la economía.
El secretario subrayó que despojar a las empresas de derechos adquiridos a través de concesiones, mediante un decreto, podría tener consecuencias negativas en la atracción de inversiones, tanto nacionales como extranjeras. La certeza jurídica es un pilar fundamental para que el capital considere invertir en México, y la incertidumbre generada por medidas gubernamentales puede ahuyentar ese capital.
En este sentido, De la Peña hizo hincapié en la necesidad de que el gobierno federal revise con cuidado y prontitud las decisiones que toma. Argumentó que una mala decisión no solo puede conllevar al fracaso del proyecto, sino también generar un deterioro económico en otras áreas. Es imperativo considerar las implicaciones a largo plazo y buscar soluciones que equilibren la eficacia del transporte con la protección de los derechos legales de las empresas involucradas.
En última instancia, la incertidumbre jurídica y los riesgos económicos asociados con la imposición de nuevas modalidades de transporte resaltan la importancia de un enfoque ponderado y bien considerado en las decisiones gubernamentales, buscando el beneficio tanto del desarrollo del transporte como de la estabilidad del entorno económico, expresó De la Peña.
