Por: Víctor M. Quintana S.
Cuando se trata de desempolvar argumentos para atacar a la Cuarta Transformación, el PRIAN se torna el más avezado en la teoría de la separación de poderes del clásico francés Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu que cualquier teórico de la ciencia política. Pero cuando se trata de aplicarlo en los espacios que gobierna, manda por el caño las ideas republicanas para que se haga la idea de pesos y contrapesos en los bueyes de algún compadre.
Así está sucediendo en Chihuahua, gobernado por una colusión de facto de estos dos partidos, más un apéndice de lo que quede del perredismo. Desde que llegó el gobierno encabezado por María Eugenia Campos empezaron a fraguar y luego, en junio de 2022, aprobaron una reforma judicial atentatoria contra a propia Constitución General de la República y los derechos humanos.
La citada reforma viola los derechos de las personas que pretenden ser promovidas o ingresar a la carrera judicial; se suprime todo concurso o examen de oposición para no colocar en situación incómoda a los incondicionales del Ejecutivo y del PRIAN para ocupar los puestos en el Judicial. Se deja en manos de personas designadas a final de cuentas por la Gobernadora y el PRIAN la nominación de las ternas a magistradas y magistrados, que también serán electos por la mayoría sumisa del Congreso del Estado.
El mismo mes de junio de 2022 la fracción parlamentaria de MORENA presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra la reforma prianista. Es hora de que la Corte, tan defendida por ellos mismos, no ha emitido ninguna resolución al respecto.
Sin embargo, en un auténtico madruguete chicanero, el judicial, el ejecutivo y el legislativo-ahora con minúsculas-, a través de una “comisión especial -también con minúsculas-, acaban de emitir una convocatoria para elegir a quienes cubrirán las vacantes de siete magistrados y magistradas.
La convocatoria “Buen Fin” publicada al cuarto para las doce, abre el período de registro en pleno “puente”, del 17 al 22 de noviembre, excluye cualquier concurso de oposición y excluye a las mujeres de carrera judicial de participar para las salas penales y civiles. A todas luces tiene dedicatoria: va teledirigida para pagar favores políticos, como la declinación de la candidata a gobernadora del PRI en favor de la actual gobernadora, a incorporar a otras personas que no se guíen por las molestas ideas de Montesquieu y consoliden la total sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo, como sucedió en los tiempos de César Duarte.
Para darle otra vuelta de tuerca a la imposición subordinante, las tres personas que seleccionarán las ternas para llenar las siete vacantes, esto es, quienes integran la “comisión especial”, no ofrecen ninguna garantía de independencia de quienes encabezan el Ejecutivo hoy o lo encabezaron hasta hace siete años y meses: por el Legislativo, el coordinador del grupo parlamentario del PAN (del PRIAN), quien carece de experiencia alguna en la judicatura; por el Judicial, el magistrado José Alfredo Fierro Beltrán -nombrado magistrado por otra inefable reforma judicial del duartismo que lo llevó a brincar de la silla de su despacho a la de la Primera Sala Civil- y un (otro) representante del Ejecutivo: el coordinador de asesores de la Secretaría general de Gobierno, de igual forma, carente de experiencia jurisdiccional. Ellos presentarán las ternas al Congreso, sin considerar que la reforma judicial que establece el procedimiento está “sub judice”, es decir, impugnada por inconstitucional ante la Corte.
El proceso tramposo para la elección de las y los magistrados “carnales”, del pacto de impunidad del PRIAN va a ser impugnado desde varias trincheras. La bancada de MORENA va a acudir una vez más a la Corte para que resuelva a la brevedad la acción de inconstitucionalidad que tiene ya casi año y medio en los cajones de algún magistrado.
Por otro lado, en una acción de gran valor civil, la jueza Alejandra Ramos Durán y al menos seis personas más han interpuesto sendos amparos contra la convocatoria porque las funcionarias judiciales penales y civiles están impedidas de participar por disposición de ésta, porque de las siete vacantes cuatro están cerradas a las personas integrantes del poder judicial, y, obviamente, no habrá concurso de méritos. La Jueza, hay que decirlo, fue quien emitió la orden de aprehensión contra César Duarte en octubre de 2019, que culminó con la extradición del exgobernador a México. Todo esto le ha valido numerosos ataques del prianismo palenquero.
De consumarse el atropello, de los 26 magistrados que (des) compongan el Tribunal Superior, trece habrán sido nombrados por Duarte y siete por la actual gobernadora.
Se llenan la boca citando la gran obra de Montesquieu “El Espíritu de las Leyes”, pero aquí, ni leyes ni mucho menos espíritu. Impunidad dixit.