Cuestionada por la amenaza de paro de labores y cierre de escuelas anunciado por las Secciones 8 y 42 del SNTE a partir del próximo lunes si no hay una respuesta judicial favorable, la gobernadora Maru Campos Galván aseguró lamentar lo que está ocurriendo con los últimos amparos interpuestos y que están impidiendo a los niños contar con sus libros y estudiar. Afirmó que si no cambia la cosa existe el riesgo de caer en la «amparitis» y que este instrumento pierda toda confianza.
«Ahora sí lamento lo que está pasando, no fue un amparo que interpuso Gobierno del Estado, fueron asociaciones de padres de familia, y ojalá que reconsideremos por nuestros niños, porque ahora sí no hay materiales de apoyo, ni hay libros, entonces que dejen a los niños ya estudiar», empezó señalando la titular del Ejecutivo Estatal.
Sobre si existía la posibilidad de que intervinieran ante el Poder Judicial Federal para presionar, tal y como les solicitó Eduardo Zendejas, Maru Campos refirió que «no intervenimos, no solemos intervenir ante los poderes, los que son poderes del Estado, sean estos federales o estatales, son tres niveles y tres órdenes de gobierno y no solemos interponernos ahí. Lo dejamos, en este caso, en la confianza del Poder Judicial Federal».
Sostuvo que se encuentran imposibilitados por un lado a distribuir los libros por un amparo, pero por otro está la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mandatando liberar los libros. «No podemos dejar a nuestros niños en esta disparidad, no podemos ponerlos entre la espada y la pared», enfatizó.
Señaló que habló hace dos semanas con el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, el doctor Mario Garza, pero que no lo había hecho tras la suspensión provisional tras el amparo que interpuso.
Sobre si el Ejecutivo no podía dirigirse a quienes interpusieron los amparos, reconoció que sí y que también «ellos pueden dirigirse con nosotros también y con la Secretaría de Educación Pública Federal».
«Yo creo que ahorita quien menos tiene que ver en el asunto es Gobierno del Estado», concluyó la gobernadora.
La mandataria aseguró que son respetuosos del derecho de los ciudadanos a ejercer su derecho de amparo, pero advirtió que también se corre el riesgo de caer en la «amparitis» y que este instrumento pierda su valor y la confianza.