La juez de Control del Poder Judicial encontró suficientes elementos probatorios y dictaminó vincular a proceso por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades con penalidad agravada, al hoy imputado J.A.P.C. , además, de confirmar la medida cautelar de prision preventiva justificada durante los 6 meses fijados para la investigación complementaria.
Durante la audiencia el imputado tomó la palabra para declararse inocente, asegurar que desde su puesto no tenía injerencia en las licitaciones y declararse víctima de una venganza por haber pertenecido a la administración de Javier Corral. Asimismo, para tratar de buscar que le fuera cambiada la cautelar de prisión preventiva esgrimió que a la hoy gobernadora, quien llegó a estar también vinculada a proceso, se le permitió seguir su proceso en libertad.
La resolución del órgano jurisdiccional, reafirma la convicción que tiene la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua de integrar todas las carpetas de investigación con profesionalismo, estricto apego a la ley, y garantizando en todo momento el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos.
«Como Fiscal y responsable de esta representación social, reitero mi compromiso de actuar siempre en apego al marco legal y al Estado de Derecho en todas las etapas del proceso penal, siempre con una visión justa, legal y humanista. Atrás quedó la tortura física, psicológica y los juicios sumarios que eran el orden del día en años recientes.
Tengo la plena convicción que debe castigarse toda la conducta desviada de un servidor público que se vea envuelto en la posible comisión de un delito por hecho de corrupción, sin distingo alguno, trátese de quien se trate.
Nuestro deber como institución, es darle resultados a las y los chihuahuenses en el combate frontal contra el flagelo de la corrupción; y la ciudadanía debe contar para ello con la Fiscalía Anticorrupción», manifestó Abelardo Valenzuela.
*De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la persona imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme, emitida por el órgano jurisdiccional (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
