Presentan ADELA y Red por la Defensa de los LTG solicitud de audiencia pública con la gobernadora para que dé explicaciones sobre Controversia y declaraciones sobre polémica

Haciendo uso de los instrumentos contemplados en la Ley de Participación Ciudadana y los derechos que ésta garantiza, integrantes de la Alianza por la Defensa del Estado Laico (ADELA) y Red por la Defensa de los Libros de Texto Gratuitos y la Nueva Escuela Mexicana hicieron entrega este mediodía en Palacio de Gobierno de una solicitud formal de audiencia pública con la gobernadora -avalada por 250 firmas ciudadanas con sus credenciales- para abrir el diálogo con la mandataria estatal y les explique las razones de la solicitud de la Controversia Constitucional y las violaciones a las leyes que tienen que ver con la educación pública.

Los encargados de hacer la entrega de la solicitud y la documentación fueron las maestras Romelia Hinojosa y Rocío Martínez, y el maestro Andrés Varela.

Esgrimieron que, con base en algunas de las declaraciones que la titular del Ejecutivo ha esgrimido, se advierten algunas imprecisiones o desconocimiento de la situación actual, alcances y fundamentación de la Controversia, por lo que, en virtud de los mecanismos recogidos en la ley anteriormente citada, buscan originar un diálogo público con la gobernadora y los actores que llevan las riendas de las oficinas gubernamentales de Educación en la entidad.

Precisaron que, según la ley, la gobernadora contará con un plazo de 10 días hábiles para atender la solicitud.

Tras la entrega en Palacio, los promoventes hicieron también entrega de la solicitud y la documentación en el Instituto Estatal Electoral, como órgano garante del instrumento de las audiencias públicas.

Aquí la solicitud:

«Mtra. María Eugenia Campos Galván

Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua

Presente.-

Por este conducto, las y los ciudadanos chihuahuenses abajo firmantes, acudimos ante usted respetuosamente para presentar formal solicitud de audiencia pública, al amparo de lo dispuesto por el artículo 62 fracción II, de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua.

El instrumento de participación social que pretendemos hacer valer tiene como propósito solicitar y recibir información sobre la actuación de la administración pública estatal, en torno a la interposición de la controversia constitucional de fecha cuatro de agosto del año en curso, registrada con el número 400/2023, del índice correspondiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para evitar la distribución de los libros de texto gratuitos elaborados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), para el ciclo escolar 2023-2024.

Las y los suscritos, en pleno goce de los derechos fundamentales que tenemos reconocidos en la Constitución General de la República y en la Particular del Estado, hemos decido iniciar el procedimiento previsto en la citada ley estatal, a efecto de que el gobierno de Chihuahua informe y explique los señalamientos que ha realizado sobre posibles violaciones a los procedimientos para la aprobación de los contenidos de los libros de texto gratuitos, mismos que lo llevaron a presentar la mencionada controversia constitucional.

Nuestras inquietudes acerca de las razones por las cuales usted, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo del Estado, tomó la decisión de acudir al máximo tribunal de justicia de nuestro país, parten de la falta de información clara y precisa a la ciudadanía, pues -sólo a manera de ejemplo- en una entrevista publicada el cinco de agosto del presente año en el periódico de circulación nacional El Financiero¹, usted declaró que “el 95 por ciento de los padres de familia del estado de Chihuahua están en contra de estos libros de texto gratuitos”; al respecto nos preguntamos, ¿cuándo y con qué instrumentos midió ese porcentaje? ¿cuál fue el mecanismo para recabar esos datos? ¿se construyó alguna muestra estadísticamente válida?

Quienes invocamos este mecanismo de audiencia pública apelamos a la buena voluntad de la autoridad, no sólo para cumplir los mandatos de la Ley de Participación Ciudadana, sino para entablar un diálogo respetuoso, racional e informado con quienes expresamos nuestra preocupación por la acción tomada, sobre todo, ante la medida cautelar decretada por el ministro ponente, Luis María Aguilar Morales, y por la cual desde el pasado viernes once de agosto, ordenó a la SEP suspender la distribución de los libros de texto gratuitos en el estado de Chihuahua.

Sabedoras de su interés por cumplir y hacer cumplir los mandatos del orden jurídico local y nacional, las personas cuyas firmas aparecen en el presente escrito y en los documentos adjuntos, reiteramos nuestra solicitud de que se cumpla lo previsto en los artículos 2 fracción I, 3, 61 fracción I, 62 fracción II, y 63 fracción I, inciso a), todos de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, a efecto de que se sirva convocar a la audiencia pública que con todo respeto solicitamos y para la cual colmamos los requisitos previstos en la propia Ley.

Sin otro particular de momento y en espera de su amable respuesta, dejamos nuestros datos de contacto.

Atentamente,