El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, expresó su preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo; por lo que acogió la aprobación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y declaró el 30 de agosto “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, que comenzó a observarse en 2011.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO), al día de hoy 111,035 personas se encuentran en calidad de desaparecidas o no localizadas en México; 3,535 de ellas en el estado de Chihuahua. Aun cuando se estima que debido a la falta de confianza en las autoridades y el riesgo que conlleva la denuncia, estos números podría ser mucho mayores.
Las desapariciones en el norte del país representan una crisis humanitaria que debe ser atendida de forma prioritaria. Desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM) nos unimos y acompañamos a familiares de personas desaparecidas en la exigencia.
La realización de búsquedas centradas en la presentación con vida, efectivas, a tiempo, articuladas, que garanticen la participación de las familias; que se atengan a los principios rectores de búsqueda presentados por el Comité de la ONU Contra las Desapariciones Forzadas (CED).
Enfatizamos la urgencia de que se aplique una correcta implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada; así como la legislación necesaria para la atención a esta problemática a nivel estatal, ya que actual no es efectiva en garantizar el bienestar de las familias que afrontan una desaparición.
Reconocemos la voluntad de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) para trabajar en la resolución de la crisis forense al firmar el convenio de colaboración entre la misma, el CEDEHM y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Urgimos que las acciones de este convenio convengan en la asignación de recursos humanos, económicos y tecnológicos suficientes, tanto a las demás Fiscalías, como a las Comisiones de Búsqueda; en aras de dar solución a la crisis forense actual, que en el estado de Chihuahua mantiene alrededor de 1,500 personas sin identificar, esto sin sumar a las que se encuentran sin ser localizadas.
Demandamos que el Estado cumpla con su obligación de dar con el paradero de las personas desaparecidas, sancionar a las personas responsables y reparar el daño a las víctimas y a sus familiares de forma integral; así como de aplicar las medidas necesarias para garantizar la no repetición.
Porque las personas desaparecidas nos faltan a todas y todos, no descansaremos hasta encontrarles.
