Chihuahua, Chih.- La jueza del Distrito Judicial Morelos Delia Valentina Meléndez denegó el cambio de medida cautelar al exgobernador César D. J., por lo que el exmandatario estatal entre 2010- 2016 deberá seguir en prisión preventiva en el Cereso 1 de Aquiles Serdán. Tras escuchar a ambas partes, la jueza consideró que aún subsisten los motivos que la llevaron inicialmente a interponerle la medida de prisión preventiva y que si bien los problemas de cardiopatía esgrimidos por el imputado y su defensa serían graves, también es cierto que serían tratables y no le impiden seguir privado de la libertad. Si bien la acusación, la representación del Ministerio Público, solicitaba un prórroga de 12 meses a la prisión preventiva, la jueza determinó ampliarla por un plazo de seis meses.
Tras una larga audiencia con numerosos recesos, Delia Valentina Meléndez emitió el viernes en la tarde su resolución considerando que no existen motivos suficientes para el cambio de cautelar e incluso tiró por tierra el argumento de la defensa del imputado solicitando que se contabilizaran también los dos años que éste permaneció preso en Estados Unidos.
Algo a lo que la juzgadora no accedió, considerando que dichos años no se pueden contabilizar al proceso penal que se lleva en suelo mexicano y corresponden a un proceso o trámite administrativo en diverso país, previo a su extradición.
El exgobernador acusó al cardiólogo Adrián Holguín de haber vertido un falso testimonio durante las audiencias por parte del Ministerio Público, al referir que su estado de salud sería bueno, todo lo contrario de lo que afirma César D. J.
De hecho, señaló al doctor de estar realizando el «trabajo sucio» a quienes se empeñan en mantenerlo tras las rejas y solicitó a la Fiscalía General del Estado que investigara a fondo al facultativo.
La audiencia, iniciada el jueves, concluyó ayer viernes 2 de junio, justo el día en que se cumplió un año desde la extradición de César D. J. a Chihuahua desde Florida. Durante el desahogo de la audiencia el exgobernador realizó una intervención de unos 15 minutos, durante la que reiteró, como en audiencias anteriores, su inocencia, afirmó que se le estaba tratando como un botín político e hizo responsable a la jueza y al Tribunal Superior de Justicia si algo le sucedía derivado de sus problemas de salud.
El exmandatario llegó a decir que durante la administración de Javier Corral Jurado supuestamente hubo incluso planes para atentar contra su vida en el cereso y que, a diferencia del exfiscal de Derechos Humanos y exsecretario de Salud de Corral, no lo dejaban seguir el proceso en libertad porque no pertenecía a las filas del PAN.
De nueva cuenta alegó ser víctima de una persecución personal por parte del exgobernador Javier Corral, reiterando que nada de lo que se le acusa sería verdad, y que desde dicha administración aún habría intereses al interior de la Fiscalía General del Estado y el propio Tribunal Superior de Justicia que se resisten y le niegan de forma reiterada la posibilidad de seguir el proceso en libertad a pesar de su delicado estado de salud.
En este sentido, recriminó que de forma constante se haya tratado de negar que hace unos meses sufrió un infarto y que requirió de ser trasladado a un hospital privado para su atención y estabilización de su condición de salud. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal negó tal infarto y se entró en versiones encontradas con el cardiólogo que atiende al exmandatario.
Acusó a los responsables de la Operación «Justicia para Chihuahua» y a los jueces de haberse cobrado las vidas del exdirector del Fideapech, Lázaro López, que falleció estando preso por complicaciones de salud no atendidas y por las cuales se le impidió salir a atenderse fuera del reclusorio, y de Antonio Tarín, quien producto de la depresión tras largos años tras las rejas terminó por quitarse la vida aventándose de un puente la madrugada del pasado Jueves Santo.
En su intervención, recriminó al TSJ y al Ejecutivo que a los operadores de Javier Corral, Francisco G. A. y Eduardo F. H., excoordinador de Ministerios Públicos de la «Operación Justicia para Chihuahua» y exfiscal de Derechos Humanos, el primero, y exsecretario de Salud, el segundo, los juzgadores sí les concedieron la posibilidad de seguir sus procesos en libertad, aún sin tener graves problemas de salud como él. El exgobernador preguntó si a él no se le daba ese beneficio o derecho por el simple hecho de no ser panista. «¿A mí no me dejan libre porque no soy panista?», apuntó en dardo a la actual administración estatal.