Chihuahua, Chih.- Durante la audiencia en la que la jueza Delia Valentina Meléndez habrá de resolver si procede o no el cambio de medida cautelar solicitado por la defensa del exgobernador del Estado, César D. J., el exmandatario tomó la palabra para asegurar que el trato que se le ha brindado desde su extradición a Chihuahua, de la que hoy justo se cumple un año, ha sido la propia de alguien a quien se considera un botín político e hizo alusión a la existencia de intereses para afectarlo pues de manera reiterada se ha negado su afectación cardiaca y problemas de salud para impedirle seguir el proceso en libertad para poder atenderse. De hecho, en su intervención de unos 15 minutos, llegó a decir que durante la administración de Javier Corral Jurado supuestamente hubo incluso planes para atentar contra su vida en el cereso y que, a diferencia del exfiscal de Derechos Humanos y exsecretario de Salud de Corral, no lo dejaban seguir el proceso en libertad porque no pertenecía a las filas del PAN.
Durante la audiencia que arrancó ayer jueves, que se suspendió durante la noche y se reanudó en torno a las nueve y media de este viernes, como es habitual, la jueza Delia Valentina Meléndez, preguntó al exgobernador si quería hacer uso de la palabra. Al igual que en las fases anteriores, César D. J. aprovechó su derecho procesal y expuso su postura en una larga intervención.
De nueva cuenta alegó ser víctima de una persecución personal y enfermiza por parte del exgobernador Javier Corral, reiterando que nada de lo que se le acusa sería verdad, y que desde dicha administración aún habría intereses al interior de la Fiscalía General del Estado y el propio Tribunal Superior de Justicia que se resisten y le niegan de forma reiterada la posibilidad de seguir el proceso en libertad a pesar de su delicado estado de salud.
En este sentido, recriminó que de forma constante se haya tratado de negar que hace unos meses sufrió un infarto y que requirió de ser trasladado a un hospital privado para su atención y estabilización de su condición de salud. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal negó tal infarto y se entró en versiones encontradas con el cardiólogo que atiende al exmandatario.
De hecho, César D. J. llegó a manifestar que hacía «responsable a este Tribunal si algo ocurre a mi salud”, achacando a los responsables de la Operación «Justicia para Chihuahua» haberse llevado por delante las vidas del exdirector del Fideapech, Lázaro López, que falleció estando preso por complicaciones de salud no atendidas y por las cuales se le impidió salir a atenderse fuera del reclusorio, y de Antonio Tarín, quien producto de la depresión tras largos años tras las rejas terminó por quitarse la vida aventándose de un puente la madrugada del pasado Jueves Santo.
Por el contrario, sacó a colación en su intervención, que a los operadores de Javier Corral, Francisco G. A. y Eduardo F. H., excoordinador de Ministerios Públicos de la «Operación Justicia para Chihuahua» y exfiscal de Derechos Humanos, el primero, y exsecretario de Salud, el segundo, los juzgadores sí les concedieron la posibilidad de seguir sus procesos en libertad, aún sin tener graves problemas de salud como él. El exgobernador preguntó si a él no se le daba ese beneficio o derecho por el simple hecho de no ser panista. «¿A mí no me dejan libre porque no soy panista?», apuntó en dardo a la actual administración estatal.
Por su parte, la autoridad alega que en el Cereso 1 de Aquiles Serdán, donde se encuentra recluido César D. J. desde su extradición desde Estados Unidos el 2 de junio de 2022, cuentan con los servicios médicos adecuados para su atención y en caso de que su estado se agravara sería trasladado inmediatamente para su atención en el exterior.
El exgobernador chihuahuense entre 2010 y 2016 acusó a su sucesor, Javier Corral, de haber echado por tierra el abatimiento de las cifras delictivas logrado durante su sexenio, de fabricarle delitos y carpetas de investigación. Refirió que tras dos años en Florida y uno ya en Chihuahua sigue preso por acusaciones que no le han conseguido comprobar, afirmando también que para efectos futuros deberían contabilizarle no sólo este último año, sino desde el día que fue aprehendido en suelo estadounidense.
Tras haber escuchado a la acusación, a la defensa y al propio imputado, la jueza Delia Valentina Meléndez decretó un nuevo receso en la audiencia para, tentativamente, a las 17:30 horas reanudarla para emitir ya una resolución en torno a la discusión sobre la solicitud de cambio de medida cautelar por otra diferente a la de prisión preventiva que actualmente pesa sobre el exgobernador.
De igual modo cabe señalar que el Ministerio Público solicitó la ampliación en otros dos meses de la prisión preventiva contra César D. J.
