Por: Profr. José Luis Fernández Madrid
Con seguridad todos coincidimos en el gran avance que ha tenido en los años recientes el Derecho a la protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la prevención, cuidado y atención a casos de violencia en cualquiera de sus modalidades es algo que debe estar en la permanente agenda de vigilancia y procuración de su bienestar.
Pero a la par del respeto irrestricto a los Derechos de los infantes y jóvenes debe existir el respeto a los Derechos de los y las Docentes, quienes, no obstante los pasos para la protección a alumnos y alumnas ven como, en la actualidad, se encuentran en estado de indefensión en gran cantidad de situaciones que pueden presentarse dentro o fuera de las instituciones escolares.
A pesar de la carga académica y administrativa que recae sobre los hombros del magisterio, un legislador tuvo la osadía de pretender criminalizarles por casos de acoso escolar, agresiones físicas o de abuso cuando no existe siquiera un protocolo o manual de actuación en dichos casos; ¿Cómo actuar si dos alumnas se enfrentan a golpes?. Existen casos de docentes que, por instinto y lógica, separaron a las rijosas y hoy enfrentan demandas por haber “agredido” a alguna de ellas al procurar detener los golpes.
¿Cuáles son los derechos de los y las docentes? ¿Quién los defiende? Es urgente la creación de Protocolos de Actuación en los que participen no solamente las instancias protectoras, conocedoras e involucradas en el tema, sino el propio personal que cotidianamente vive con la problemática y convive con los actores; desde los escritorios se puede redactar lo que se solicita, pero la utilidad, la pertinencia y la realidad supera cualquier texto hecho tras un ordenador.
Hace falta contar con las armas que permitan atender con prestancia los casos de abuso que se suscitan, no contar con ellas desestima la intervención eficaz y promueve la apatía, el “dejar pasar” las cosas siempre en detrimento de los propios alumnos y su salud física, emocional y psicológica.
La función docente por sí misma y de manera inherente a todo el personal escolar exige proteger al alumnado, esto se lleva a cabo aún las circunstancias y vicisitudes que conlleva, pero, ¿Y los derechos de ellos en casos de cualquier acusación sin fundamento?
Crear mediante mesas de trabajo los mecanismos, Protocolos, Manuales o Guías de actuación será una buena señal de que la autoridad piensa en preservar los derechos de la comunidad educativa en general, por el bien de todos. Es Urgente.
