– Necesario aplicarla en todo el país y en todos los poderes: Terrazas
Chihuahua, Chih.- El decreto conocido como “ley 3 de 3” será discutido el día de mañana en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales a fin de que ninguna persona deudora de pensión alimenticia, agresor sexual o que haya cometido violencia familiar pueda acceder a un cargo de elección popular o empleo en los tres niveles y órdenes de gobierno.
La iniciativa reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución a fin de suspender los derechos políticos de aquellas personas deudoras de pensión alimenticia, acosadores sexuales y agresores familiares. Es una modificación transversal que aborda los órdenes de gobierno y las distintas instancias del poder público: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; así como los tres niveles: federal, estatal y municipal.
La “ley 3 de 3” se convertiría en un parteaguas nacional porque robustecería la ética en la política, pues cerraría las puertas a deudores que violentan el Principio Superior de la Niñez, a agresores sexuales y familiares- Es decir, se mandará a la sociedad un mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Asimismo, de ética en el servicio público, cambiando los estándares en la responsabilidad pública e institucional.
“En Chihuahua hemos sido pioneros y avanzado en el tema al modificar diversas leyes estatales, señaló la diputada Adriana Terrazas Porras, sin embargo, de aprobarse el decreto en todo el país, la normativa habrá de regir en el próximo proceso electoral 2023-2024, pues deberán ser vigentes noventa días antes del inicio del tiempo que antecede a las elecciones”, expresó Adriana Terrazas Porras.
Actualmente, en Edomex, Oaxaca, Chihuahua, Jalisco y Yucatán es ley que, para aspirar a cargos de elección, no deben tenerse antecedentes, investigaciones, procesos o condenas por violencia doméstica, agresión sexual o deber pensión.
“Si bien en Chihuahua hay avances, es muy importante su aprobación a nivel nacional porque ya no quedaría sólo en el nivel estatal y municipal si no cubriría lo federal e incluso el agresor no tendría posibilidad de mudarse de estado y dar borrón”, señaló la legisladora.
La iniciativa con carácter de decreto ya fue aprobada en el Congreso de la Unión, como se trata de una modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos, para que surja validez debe ser aprobada en al menos 17 congresos locales, la mitad más una de las 32 entidades federativas.
La iniciativa será discutida en comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales donde Omar Bazán Flores es presidente; Adriana Terrazas Porras vicepresidenta y los vocales Jael Argüelles Díaz, Ana Margarita Blackaller Prieto, José Alfredo Chávez Madrid, Gabriel Ángel García Cantú y Francisco Adrián Sánchez Villegas.
