Chihuahua, Chih.- Tras un receso de inicio de aproximadamente una hora para que el exgobernador César Duarte Jáquez fuera trasladado desde el Cereso de Aquiles Serdán a la Ciudad Judicial, después de un error del actuario, se reanudó la audiencia solicitada por la defensa del exmandatario para plantear sus causales para el sobreseimiento de la causa penal contra Duarte por presuntas violaciones al debido proceso.
El abogado defensor Juan Carlos Mendoza Luján fue el encargado de exponer las causales a la jueza Delia Valentina Meléndez. Mendoza empezó esgrimiendo la presunta negación del derecho de defensa que tiene el imputado. Esto, refirió, al haberles negado durante 641 el acceso a la carpeta de investigación.
El litigantes sostuvo que se habían negado de forma continuada y prolongada derechos procesales al exgobernador. Apuntó que la defensa solicitó tener acceso a la carpeta de investigación desde 2020, y que no tuvo acceso a la misma hasta 641 días después, el 7 de junio 2022, justo un día antes a la vinculación a proceso.
Dentro de la presunta privación al derecho a defensa, Mendoza también alegó «la inexistencia -lo cual se extiende hasta hoy- del expediente de extradición de nuestro representado». Un hecho que calificó de insólito hoy y que afirma que impide al exgobernador defenderse, pues resulta imposible comprobar que su detención se dio dentro de la legalidad y que el proceso llevado a cabo por la Secretaría de Relaciones Exteriores para su traslado desde Miami a Chihuahua estuvo dentro de la legalidad.
El abogado defensor también sostuvo que se violó el criterio de presunción de inocencia de Duarte desde el Ejecutivo tanto anterior como actual. Recordó que el exgobernador fue señalado en decenas de espectaculares, que el exgobernador Javier Corral incluso lo evidenció en el Museo de la Corrupción habilitado en su quinquenio en la Casa de Chihuahua en la Ciudad de México, así como en múltiples entrevistas.
Además, apuntó que hoy mismo en medios digitales la titular del Ejecutivo, Maru Campos, se refería a Duarte como «un exgobernador que cometió varios delitos por tal causa deberá ser procesado».
En el mismo plano de la presunta violación a la presunción de inocencia, señaló que obra como prueba la venta de los bienes de Duarte incluso antes de haber concluido el juicio en su contra y sin existir una sentencia firme, lo que, aseguró, equivale a una pena anticipada.
De igual forma, señaló que la denuncia interpuesta en noviembre de 2018 por el exfiscal general César Peniche Espejel y la exsecretaria de la Función Pública Stefany Olmos Loya, que dio inicio a la causa penal, carecería de legalidad pues no se ostentaron correctamente y que la ley bajo la cual fue formulada fue abrogada.
