Chihuahua.- Según las últimas cifras oficiales, el país está envejeciendo, pues mientras el 63.7% de la población mexicana era menor de 34 años en el 2010, esta proporción bajó al 57% para el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi. De modo contrario, mientras en 2020 la población mayor de 60 años equivale al 12.04% del total, en 2010, esta proporción era de solamente del 9.06%. Chihuahua, en particular, mantiene una población de alrededor de 3 millones 500 mil habitantes, de ellos 326 mil 484 son mayores de 60 años, se estima que para el 2030 el 17 % de la población Chihuahuense tendrá más de 60 años.
El envejecimiento poblacional plantea algunos problemas y tomando en cuenta ello y las cifras antes mencionadas, el diputado de morena, Benjamín Carrera Chávez, presentó ante el pleno legislativo una proposición con carácter de acuerdo con el fin de exhortar respetuosamente a la titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que se instrumente o en su caso se actualice el Registro Estatal que permita identificar los Centros Privados, de cuidado de adultos mayores, existentes en el Estado con énfasis en las condiciones que prevalecen en dichos centros. Esto con la finalidad de que sean censados y regulados. De igual manera, se exhorta a la autoridad referida para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común y en coordinación con el Consejo de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, el Comité Interinstitucional para la Supervisión y Vigilancia de los Centros Privados, así como con las instancias competentes
Y es que no son pocas, desgraciadamente, las denuncias de maltrato en contra de adultos mayores en estos, supuestos centros de cuidado privado. Por ejemplo: Medicar en exceso a los pacientes y errores en la medicación; no proveer alimento y agua insuficientes a los residentes y maltratar física, verbal o emocionalmente a los residentes, son algunas de estas formas de abuso. En el año 2021, el caso del enfermero identificado como Jesús “N”, en la casa de retiro “Los Olivos” ubicada en Chihuahua, donde jaloneó de forma violenta a una señora de 88 años, mientras ella se encontraba recostada en su cama, cuando intenta administrarle sus medicamentos por la fuerza, provocó a indignación nacional.
“El abandonar a las personas mayores es una problemática social que aumenta por los cambios en los índices de natalidad y se ve afectado por la estadística de mortalidad, evidenciando, en cualquier caso, el enorme reto que se encuentra respecto a transformar y atender la atención que se proporciona a este grupo poblacional a través de las casas de retiro; toda vez que la legislación vigente es clara en cuanto a los derechos de este segmento de la población” explicó durante la presentación de su proposición Carrera Chávez.
“Existen situaciones delicadas que vigilar a fin de evitar maltrato para las y los adultos mayores que se ven forzados a recurrir a casas de retiro, asilos, albergues etc. De entre las que se debe observar de manera estricta desde aspectos tan básicos como el que se provea a las personas el agua y alimentos suficientes, cuidar del estado físico y emocional de las y los usuarios, hasta aspectos más detallados como el que se les proporcione de manera correcta las dosis de medicamento, por mencionar solo algunas” hizo hincapié el diputado morenista.
Y es que hay que recordar que, en lo que respecta a los centros de retiro que operan de manera privada, la Ley que Establece los Requisitos para el Funcionamiento de los Centros de Atención Residencial para Personas Mayores en el Estado de Chihuahua, contempla como órgano coadyuvante al Comité Interinstitucional para la Supervisión y Vigilancia de los Centros Privados, integrado de acuerdo con el artículo 4 del ordenamiento en mención, “por el personal operativo que se designe de las siguientes dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal o por sus unidades administrativas u orgánicas, siendo estas la ahora Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, además de las Secretarías de Educación y Deporte, de Salud, del Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría de Protección del DIF Estatal, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
