“Por generaciones la operación de las instituciones desvirtuó la confianza de la ciudadanía hacia el sistema de procuración e impartición de justicia. A esta generación, a quienes participamos en la política a través del Poder Ejecutivo, poder Judicial y poder Legislativo, nos ha tocado la impostergable tarea de reivindicar esa confianza”, dijo la Gobernadora, Maru Campos, al asistir al Informe de Labores 2022 de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Myriam Victoria Hernández Acosta.
En ceremonia que tuvo verificativo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, hizo un llamado a trabajar para restituir la certidumbre que los tres poderes otorgan a la vida de los chihuahuenses.
Tras escuchar el Informe, la mandataria estatal expresó su beneplácito por conocer los logros, no solamente del poder Judicial y de su presidenta, sino de todos los chihuahuenses.
“Aquí todos los sectores estamos cuidando y restaurando nuestras instituciones para fortalecerlas y cerrar esa gran crisis de representación y credibilidad que tenemos entre los ciudadanos los gobernantes o quienes dirigen el Gobierno”, afirmó.
La mandataria estatal hizo patente su respaldo al TSJE, para brindar una mejor atención a la ciudadanía.
Celebró el programa Justicia Digital, con el cual se realiza una transición a un modelo que garantiza que los procesos sean más ágiles, transparentes y seguros para todas las personas en cualquier rincón del estado y de cualquier condición social.
La titular del Poder Ejecutivo agradeció al TSJE por el acompañamiento y asesoría a los chihuahuenses, así como por trabajar por el fortalecimiento de las instituciones y un proyecto para una verdadera justicia, a fin de que la ciudadanía viva en un estado de derecho, con respeto a las garantías individuales, derechos fundamentales y por una adecuada administración de la justicia.
La magistrada presidenta del TSJE resaltó el liderazgo, profesionalismo y respaldo de la Gobernadora, para hacer posibles los Centros de Justicia Laboral, en los cuales se invirtieron recursos estatales en aspectos como capacitación de personal, adecuación de instalaciones, equipamiento tecnológico y un nuevo centro de datos.
Estos centros permitirán sustentar la operación de documentos electrónicos y su procesamiento de manera eficiente, por lo menos en los próximos cinco años.