Chihuahua, Chih.- Este lunes 6 de febrero la Mesa Estatal de Seguridad se celebró, con todo el simbolismo que ello representa, al interior del Cereso 3 de Ciudad Juárez, donde, ante la presencia de las autoridades encabezadas por la gobernadora Maru Campos Galván, también se procedió a la destrucción de 2 mil 800 objetos perdidos hallados y asegurados durante el proceso de entrega- recepción del penal de la Fiscalía General del Estado a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Entre lo destruido había desde televisores, calefactores, aparatos musicales, bocinas,… hasta un toro mecánico.
La mandataria estatal agradeció el apoyo de los tres niveles de gobierno por el apoyo para volver a tomar el control del centro de reinserción social de Ciudad Juárez.
Aseguró que el mensaje que se quería trasladar con esto a los chihuahuenses «es de una mano fuerte de Gobierno del Estado, de tener toda la valentía y tenerla con toda honestidad también para llegar hasta donde tengamos que llegar, porque hay gente que desde hacer una lista sobre los reos que se trasladan es también motivo de corrupción», recordando como antes se daban situaciones de pagos para no ser trasladados.
«Un ejemplo de mano dura por parte de los tres niveles de gobierno» incidió la gobernadora, manifestando que al interior del Cereso 3 «se acabaron los privilegios», «no hay venta de droga ahorita en el cereso» y las instalaciones se encuentran en una «condición de legalidad, una condición de seguridad para los propios internos».
Sobre el cambio de la titularidad de los ceresos desde la FGE a la SSPE aprobado por el Congreso y ya implementado, iniciando por el Cereso 3, Maru Campos destacó que «es un cambio radical, yo diría realmente grande, es un cambio de profundidad, es un cambio con mucha valentía, con mucha convicción, con mucha honestidad por parte de los miembros de Seguridad Pública, del Ejercito Nacional y de la Guardia Nacional por qué, porque estamos encontrando cosas que cualquier otra persona o cualquier otra corporación, en otro momento, le hubieran sacado, no hubieran estado en posibilidades ni en voluntad mucho menos de poder hacer lo que ya vimos aquí, que todavía hasta hace 10 días estaba todo el cereso lleno de escombros, lleno de material en las celdas, se encontraron inclso hasta casas o casas que habían tirado después el primero de enero, era una ciudad aquí adentro y no había absolutamente nadie que hiciera nada, nadie que lo denunciara, nadie que tuviera la voluntad y la valentía de hacer lo que el día de hoy estamos presenciando».
La gobernadora sostuvo que el trabajo ni mucho menos concluía ahí y aseveró que «vamos a estar pendiente de darle seguimiento, darle estos manotazos en bien de la sociedad», reconociendo que apenas quedaban ya por revisar en este Cereso 3 un espacio ocupado por 70 reclusos.
Asimismo, calificó de «paupérrimo» el estado del espacio que alberga los expedientes de los reos, mismo en el cual la SSPE también estará interviniendo.
En torno a si no tenía miedo de encabezar esta lucha contra la corrupción al interior de los penales y el control de las bandas, Maru Campos manifestó que «para esto nos rentamos hace casi dos años, para hacer lo que debemos, gobernar no es cortar listones, gobernar es tomar decisiones difíciles en momentos difíciles como éstos».
Sobre las investigaciones respecto a los hechos el motín- fuga del 1 de enero, el entonces director del Cereso 3 y el titular del Sistema Penitenciario, la mandataria estatal refició que siguen corriendo, estas a manos de la Fiscalía General del Estado, adelantando que algunas darán lugar a órdenes de aprehensión, sin dar más detalles.
El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, señaló que de acuerdo a lo aprobado por el Congreso, para este 2023 se cuenta con 867 millones de presupuesto para el Sistema Penitenciaro.
La gobernadora enfatizó que la instrucción es que no haa límites en los recuros para garantizar la seguridad a los juarenses, y puntualizó que sin la Plataforma Centinela no tendrían la tecnología necesaria para los expediente y datos biométricos de las diferentes personas privadas de la libertad.
