Chihuahua.- El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Néstor Armendáriz, rindió su informe anual de actividades, ante la presencia de los representantes de los tres Poderes de Gobierno; el ombudsman resaltó fueron radicadas 681 quejas contra autoridades locales, siendo la principal la prestación indebida de servicios públicos, uso excesivo de la fuerza y detenciones ilegales, así como violación de derechos a personas en situación de vulnerabilidad.
Explicó que el informe estará disponible en manera digital en la página de la CEDH, para que la sociedad la revise.
Mediante un video se dio a conocer que la CEDH emitió mil 273 acciones de capacitación, 34 medidas cautelares, 681 quejas contra autoridades locales, de las cuales 653 fueron a petición de parte y las demás de oficio; además de 49 quejas en contra de instituciones federales; 56 valoraciones médicas y 86 dictamenes psicológicos; se resolvieron 676 expedientes; en donde se acreditaron actos u omisiones cometidos por autoridades se emitieron 56 recomendaciones, 2 propuestas y 2 acuerdos de no responsabilidad.
Néstor Armendáriz, al tomar la palabra en la tribuna del Congreso del Estado, comentó que a nombre del equipò de trabajo que lo acompaña en la institución se encuentra presentando el informe, el cual, permite conocer de manera detallada las actividades realizadas, además permite una autoevaluación.
Informó que en 2022 se atendieron a 6 mil 359 personas, siendo un 69% de los casos asesoría jurídica, en un 19% se llegó a una solución, y en un 12% se radicaron quejas.
Dijo que se radicaron 681 quejas contra autoridades locales, siendo la principal la prestación indebida de servicio público, uso excesivo de la fuerza y detenciones ilegales, así como violación de derechos a personas en situación de vulnerabilidad.
Enfatizó que el servicio público debe de ser parte en la mejora de la condición de vida de las personas; dijo que la labor preventiva es parte de los trabajos realizados, mediante la promoción, capacitación divulgación así como la vinculación institucional y social.
Agregó que se ha observado una gran oportunidad, que es la reforma integral a la Constitución, que representa una ruta clara para robustecer el reconocimiento, respeto y protección a los derechos humanos en el estado.
