Chihuahua, Chih.- El Movimiento Estatal de Mujeres propone al Congreso del Estado que asigne 591 millones 114 mil pesos de presupuesto para la igualdad de mujeres y hombres durante la administración 2023 del Gobierno del Estado.
En el marco del Día Internacional para Erradicar las Violencias en contra de las Mujeres, una comisión del Movimiento se reunió con diputadas que integran la Comisión de Igualdad en el Congreso del Estado.
Durante la reunión, que encabezó la diputada Ivón Salazar, presidenta de la Comisión de Igualdad, las representantes del Movimiento entregaron un documento donde argumentan su petición.
Tras recordar que en el 2013 el Congreso del Estado aprobó 224 millones 698 mil pesos para la igualdad de hombres y mujeres, monto que en el 2018 se incrementó a 957 millones 590 mil pesos, el Movimiento propone promediar ambas cifras, ecuación que da como resultado 591 millones 114 mil pesos, cifra que propone para el próximo año.
Recordaron a las diputadas que integran la Comisión de Igualdad que en los últimos veinte años el Movimiento ha promovido legislaciones, programas, políticas públicas, instituciones y presupuestos progresivos, de manera que no puede aceptar retrocesos.
“Nos permitimos exponer ante ustedes nuestras observaciones que toman en cuenta presupuestos urgentes para avanzar en la igualdad y en la no violencia contra las mujeres”, indicaron.
Sostienen que las características del presupuesto para la igualdad y la no violencia contra las mujeres debe atender criterios de irreductibilidad y progresividad.
Resaltan que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres se dictó para el Estado y son cinco municipios: Guadalupe y Calvo, Parral, Cuauhtémoc, Juárez y Chihuahua, con recomendaciones que generalmente se concentran en el ámbito de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género.
Especifican que para servicios personales, equipo, operación y proyectos adicionales se requieren 472 millones 203 mil pesos, además de auxiliarse de la Agencia Estatal de Investigación que necesita 256 millones 805 mil pesos.
Señalan que el Centro de Justicia para las Mujeres espera desde el 2020 equipo y personal suficiente para la casa de emergencia, que necesita operar durante las 24 horas, por lo que se recomiendan asignar presupuesto que permita la operación de este mecanismo para salvaguardar la vida de las mujeres.
Informan que el Instituto Chihuahuense de las Mujeres consecutivamente ha tenido un presupuesto de 70 millones de pesos, cantidad que incluye el apoyo de programas federales, por lo que solicitan agregar diez millones de pesos etiquetados para que fortalezca con asesorías a los municipios para que el programa de igualdad sea implementado.
Afirman que la CEAVE es una instancia clave para la reparación y acompañamiento a las víctimas, pero advierten que sin presupuesto suficiente no es posible lo que legalmente les corresponde a quienes no se les han garantizado sus derechos por parte del Estado.
Comparan que en 2019 y 2020 asignaron 40 millones a esa institución, monto que redujeron a diez millones en 2021 y se contaba con un remanente del fideicomiso FASP.
“Es importante identificar que el estado se encuentra en una situación grave respecto de desplazamientos, desapariciones y feminicidio en donde estos sectores de la población necesitan resolver diversidad de problemáticas, por tanto, es pertinente el aumento al menos de 40 millones de pesos para la CEAVE”, plantean.
El Movimiento Estatal de Mujeres apoya al Tribunal Superior de Justicia en su solicitud de presupuesto para implementar Juzgados de Género en las zonas del estado.
Las integrantes del Movimiento recomiendan analizar y preparar el camino para que el presupuesto considere las necesidades e intereses diferenciados de hombres y mujeres.
“Es la única manera de garantizar la erradicación de las desigualdades, discriminaciones y opresiones sociales y de género, que no son otra cosa que las manifestaciones de las violencias sociales y contra las mujeres. Y es la única manera de lograr sociedades felices, productivas y sostenibles”, advierten.
Recuerdan que el compromiso de todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, es guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente el Artículo Primero que establece que están obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.