(Boletín por PBI Reino Unido Traducido por Contec) Luego de que Global Witness informara que 54 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en México en 2021 (lo que lo convierte en el país más mortífero del mundo para los activistas que trabajan en temas de derechos indígenas, ambientales y de la tierra), la semana pasada, PBI Reino Unido (Brigadas Internacionales por la Paz) dio la bienvenida a Diana Villalobos Díaz, destacada defensora mexicana de los derechos humanos, y directora la organización chihuahuense Contec (Consultoría Técnica Comunitaria A.C). Junto con PBI Reino Unido, Diana abogó ante parlamentarios, abogados y el Ministerio de Relaciones Exteriores (FCDO) para apoyar a las comunidades indígenas en riesgo y en proceso de desplazamiento.
Aproximadamente 357,000 personas son desplazadas internas en México. Si bien algunos grupos han sido desplazados por el cambio climático y los desastres naturales, la mayoría se han visto obligados a huir por grupos del crimen organizado que luchan por el control del territorio, o empresas que desplazan a las comunidades para acceder a los recursos naturales, incluida la madera. A pesar de la magnitud del problema, México no cuenta con una legislación específica sobre el desplazamiento interno forzado, lo que deja a las víctimas sin recurso a la justicia y dificulta los esfuerzos para evitar más desplazamientos.
Diana ha pasado los últimos 30 años defendiendo los derechos de las comunidades indígenas en la Sierra Tarahumara, una extensa cadena montañosa boscosa en el suroeste de Chihuahua.
Contec brinda apoyo legal, desarrollo de capacidades y asistencia técnica a las comunidades indígenas rarámuri y ódami que enfrentan violencia despiadada, desplazamiento y destrucción ambiental por parte de los cárteles de la droga e intereses económicos formales, incluidos la tala, la minería, el turismo, los oleoductos y los proyectos hidroeléctricos en la Sierra.
Esta visita fue parte de una gira por toda Europa para generar apoyo para Contec, crear conciencia sobre la grave crisis humanitaria del desplazamiento forzado en México y hacer campaña para la adopción de la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, legislación por unanimidad aprobada en la Cámara de Diputados que se encuentra retenida en el Senado de la República desde hace más de un año.
En reuniones con tomadores de decisiones, PBI se hizo eco del llamado de Contec para que se apruebe la ley, para que el gobierno mexicano brinde los recursos adecuados para su implementación y para que la comunidad internacional apoye a las personas defensoras de derechos humanos que actualmente arriesgan sus vidas para apoyar a las víctimas del desplazamiento forzado. Casos emblemáticos: las comunidades de El Manzano y Monterde
La organización de Contec, está trabajando para hacer justicia para las comunidades de El Manzano y Monterde, de la Sierra Tarahumara, comunidades que han enfrentado la violencia de grupos delictivos organizados que buscan explotar sus tierras, lo que ha llevado a la expulsión forzada de 120 personas desde 2014.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares en 2015, pero estas medidas y la respuesta de las autoridades fueron insuficientes para garantizar la protección, y desde entonces tres miembros de la comunidad han perdido la vida. En mayo de 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Gobierno del Estado de Chihuahua para registrar a las comunidades como víctimas de
desplazamiento forzado, brindar ayuda humanitaria a las comunidades y avanzar en las investigaciones penales por la violencia, dando plazos de entre cuatro y seis meses para su cumplimiento. A pesar de los plazos, hasta el momento el Gobierno no ha aceptado la resolución y no se ha tomado ninguna medida.
Durante las reuniones, Diana hizo un llamado al gobierno del Reino Unido para que exhorte a las autoridades mexicanas a implementar las sentencias en los casos de las comunidades de El Manzano y Monterde, para que las comunidades finalmente comiencen a sanar. Su testimonio reveló a los tomadores de decisiones el impacto de los ataques y desplazamientos liderados por empresas que podrían prevenirse con esta nueva ley. En nuestras reuniones, insistimos en la necesidad de certeza sobre los estándares que se esperan de las empresas, claridad sobre las consecuencias legales cuando no se cumplen esos estándares y un mayor compromiso y apalancamiento con los socios de la cadena de valor.
