Por: Víctor M. Quintana S.
Desde hace casi 30 años, cuando la crisis de la banca, no coincidían, ni siquiera se reunían, las muy diversas organizaciones rurales de Chihuahua. Ahora lo están haciendo: las de los campesinos temporaleros, los productores de riego, los lecheros, los ganaderos de carne, los fruticultores. Ejidatarios, pequeños propietarios, medianos e incluso algunos grandes. El Barzón, Agrodinámica Nacional, el Frente Democrático Campesino, la Unión Campesina Democrática, la Liga de Comunidades Agrarias, la Unión de Fruticultores, el Frente Campesino Chihuahuense, los productores del sistema de abasto social de leche de LICONSA. Frijoleros, manzaneros, maiceros, lecheros, criadores de becerros, chileros, algodoneros…
¿Qué une a tan variopinta confluencia de actores rurales? Dos cuestiones: la falta de políticas de fomento para impulsar la producción para lograr la soberanía alimentaria de la Nación. Hay que tener en cuenta que Chihuahua es de los principales proveedores nacionales de frijol, leche, maíz forrajero, manzana, cebolla, chile, entre otros. Y la urgencia de sentir que su problemática y demandas no son debidamente atendidas, ni respondidas por los diferentes órdenes de gobierno. Seis son los focos de sus preocupaciones y exigencias:
Acceso al crédito rural: los productores rurales pequeños y medianos, o sólo chihuahuenses, y de todo el país fueron excluidos del crédito de la banca de desarrollo por los gobiernos neoliberales. No se les ha vuelto a integrar. Aunque Chihuahua en el año 2018 era la tercera entidad en volumen de créditos de FIRA, éste se concentra en empresas proveedoras de insumos y en financieras dispersoras de crédito, como la UCACSA, de los productores menonitas. Esto hace mucho más vulnerables a la mayoría de los productores, pues dependen del financiamiento de proveedores o de compradores a futuro y esto encarece los costos de producción. Por esto exigen la puesta en marcha de un nuevo sistema de crédito rural, a tasas preferenciales, enfocado a pequeños y medianos productores.
Programa para disminuir el precio de los fertilizantes: no se puede seguir dependiendo de las vicisitudes del mercado internacional o de países altamente productores como Rusia y Ucrania, actualmente en guerra. Tampoco de las grandes empresas importadoras. Por ello, se demanda a los gobiernos federal y estatal que apoyen la construcción de mecanismos de compra consolidadas para disminuir los costos de los fertilizantes al productor. Para ello se requiere la constitución de un fondo tripartita gobierno federal-gobierno del estado-asociaciones de productores que apoye las compras en común y suprima intermediarios. Demandan, además, que se reactive la planta petroquímica de PEMEX en Ciudad Camargo, cerrada por los gobiernos neoliberales.
Energéticos agropecuarios a precios preferenciales: En 2001, las organizaciones unidas de productores chihuahuenses iniciaron una intensa lucha por obtener precios preferenciales a los energéticos agropecuarios que dio como resultado la Ley de Energía para el campo. Esta ordena establecer precios y tarifas preferenciales para el diésel y la energía eléctrica para uso agrícola y pesquero para reducir los costos de producción y lograr la rentabilidad del sector productor de alimentos. A la fecha, dicha ley no se ha implementado, por lo que se demanda aplicarla rediseñando y operando un programa de energéticos agropecuarios, con la participación del Gobierno Federal, el Congreso de la Unión y las organizaciones de productores.
Precios justos al productor. Las lluvias erráticas, la mala semilla suministrada por el gobierno y los altos precios de los insumos redujeron la producción de frijol. Para no seguir descapitalizando a los campesinos y que dejen de sembrar es necesario que SEGALMEX evite fijar precios por debajo del costo de producción. También es urgente revisar el precio de garantía de la leche que LICONSA compra a los productores del sector social que han sido rebasados por el incremento por encima de la inflación de insumos, equipo, por encima de la inflación y por las exigencias del SAT.
Ordenamiento del mercado agroalimentario: El desorden del mercado agroalimentario provoca que se paguen precios bajos a productores y que los consumidores paguen altos precios. Ejemplos: el litro de leche fresca se compra al productor a 10 pesos y se expende a 26 pesos; el frijol se paga a 16 pesos al productor y se vende al consumidor hasta a 34 pesos; el maíz se compra al productor a 6.5 pesos el kilo y la tortilla cuesta 26 pesos en el mercado. Las organizaciones exigen el diseño y operación de una política, instituciones y mecanismos eficaces para ordenar el mercado y evitar el intermediarismo.
Vigilancia fitozoosanitaria. Chihuahua ha avanzado significativamente en el status sanitario para poder seguir exportando becerros, además, la manzana local está libre de la mosca de la fruta. Por esto preocupa a los productores el acuerdo de apertura para combatir la inflación y la carestía, firmado por el Gobierno Federal y 15 grandes empresas. Exigen que SENASICA garantice sanidad, inocuidad y calidad de las importaciones de alimentos y se responsabilice a dichas empresas de los eventuales daños causados por la presencia de plagas, enfermedades y tóxicos.
Estos seis puntos marcan asignaturas pendientes de la política agroalimentaria. Hasta ahora las organizaciones rurales chihuahuenses han limitado su protesta a diálogos con legisladores estatales y federales. Si no hay respuesta adecuada y suficiente, el otoño será caliente a pesar de que las heladas ya llegaron.
