Admite la CIDH el caso de la Sierra Tarahumara presentado por CONTEC y comunidades rarámuri y odami de la REDETI que reclaman la titularidad y reconocimiento de su territorio ancestral

-El Gobierno de México tiene como plazo tres meses para presentar observaciones ante la CIDH en relación con la petición interpuesta

Urique, Chih.- Ante el agotamiento de los recursos jurídicos estatales y nacionales para resolver los problemas relacionados a la falta de titulación del territorio, el 12 de agosto del 2017, CONTEC y  la comunidad de Bosques de San Elías Repechique, Urique,  presentaron ante la CIDH la solicitud de apertura de caso reclamando al Estado Mexicano la negativa a otorgarle el título sobre el territorio ancestral de la comunidad, así como la falta de existencia de recursos idóneos para garantizar estos derechos. Además, se reclama ausencia de  protección y garantías contra actos de despojo. Este caso ha sido litigado durante años en los tribunales sin obtener resultados.

A esta petición se sumaron el año 2018 seis comunidades de la REDETI:  Arroyo del Pajarito, municipio de Guachochi; Bawinocachi, municipio de Bocoyna; Coloradas de la Virgen y Mala Noche, ambas del municipio de Guadalupe y Calvo; así como las comunidades de Huitosachi y Mogótavo, del municipio de Urique, todas del estado de Chihuahua. Estas acciones evidencían que la situación de Bosques de San Elías Repechique no es un caso aislado, sino que el despojo de territorios indígenas en la Sierra Tarahumara por particulares,  caciques, figuras políticas y  empresas locales y trasnacionales, es una situación que sufren muchas comunidades indígenas en la Sierra Tarahumara.

La REDETI está conformada por cuatro organizaciones de la sociedad civil: Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC), Awé Tibúame A.C., el Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas A.C. (CECADDHI) y CONTEC.

La finalidad que se persigue es que las comunidades indígenas puedan acceder a través de esta instancia a la justicia que les ha sido negada por décadas por parte de diversas autoridades del Estado Mexicano.

Por ello nos congratulamos ante esta resolución de la CIDH que abre un camino de esperanza para las comunidades afectadas.