– _Desarrollaron competencias para ayudar a víctimas vulneradas en sus derechos humanos_
Elementos de la Policía Municipal culminaron el diplomado “Protocolo de Estambul”, impartido por el Centro de Estudios Estratégicos en Seguridad e Inteligencia (CEESINT) y en colaboración con New México State University (Universidad del Estado de Nuevo México), el cual tiene una duración de cuatro meses y tuvo la finalidad de desarrollar competencias profesionales que permitan identificar y canalizar a víctimas de maltrato o vulneradas en sus derechos humanos.
El diplomado se impartió a 32 elementos de distintas partes de la república, de los cuales, cinco corresponden a la Policía Municipal de Chihuahua y cuyos nombres son: policía segundo Sergio Sauzameda; agente Nancy Araiza; agente Saúl Mendoza; policía segundo Josué Burciaga; y del coordinador jurídico de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Juan Eduardo López.
El esfuerzo de capacitación fue dirigido por Víctor Vicente Borunda Nevárez, coordinador académico de la Universidad del Estado de Nuevo México, la cual constó de sesiones virtuales efectuadas los sábados y domingos en horario de 8:00 a 14:00 horas.
La ceremonia de entrega de documentos se realizó en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana de la colonia Paseos de Chihuahua, y en ella se contó con la presencia de la directora del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU), Martha María Moctezuma; Oscar Leonel Gómez Martínez de CEESINT; y Olga Lydia Rojo Hernández de la Universidad del Estado de Nuevo México.
El Protocolo de Estambul es un documento que establece consideraciones generales de aspectos a tomar en cuenta durante evaluaciones médico-psicológicas para identificar actuaciones que configuren el delito de tortura; asimismo, los policías egresados de dicho diplomado tendrán la oportunidad de replicar sus conocimientos con el resto de quienes conforman sus corporaciones.
Este protocolo fue adoptado en el año de 1999 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en su elaboración intervinieron más de 75 expertos en leyes, salud y derechos humanos.
