Chihuahua.- Omar Bazán Flores, diputado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitó a las autoridades federales un seguimiento más puntual al cumplimiento del objetivo 16 de la agenda 2030.
En el documento de la ONU, se señalan rutas a seguir para lograr la Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, a través de las cuales se tendrán sociedades más justas y equitativas.
Aborda como principal problema para su consecución a la corrupción.
La corrupción es un impedimento estructural para la protección de los derechos humanos, además puede aumentar los costos, impedir la inversión extranjera y generar riesgos legales y de reputación, se lee.
Por eso es de suma importancia que se implementen los acuerdos del ODS 16, mismo pretende promover el estado de derecho a nivel nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos, reduciendo la corrupción, el soborno y creando instituciones responsables y transparentes, recordó el legislador.
Recordó Bazán como punto primordial en el acuerdo acabar con todas las formas de violencia y delincuencia organizada, especialmente contra los niños, impulsar el respeto de los derechos humanos, fortalecer la participación de los países en desarrollo en las decisiones globales, promover leyes y políticas en favor del desarrollo sostenible a nivel internacional.
Comentó que con base a la proyección de la ONU, el sector privado tiene un rol claro en la consecución de este Objetivo, incorporando el respeto a los derechos humanos y procesos de transparencia en la organización, evitando cualquier forma de violencia en su cadena de suministro e impulsando el estado de derecho en aquellos países en los que opere.
Además, el objetivo 16, aborda que la justicia debe ser igual para todos y que se aplique a todos por igual sin privilegios de ningún tipo.
Arguye que la falta de acceso a la justicia implica que los conflictos quedan sin resolver y que las personas no pueden obtener ni protección ni reparación, situación que no debe presentarse.
Las instituciones que no funcionan con arreglo a la ley son propensas a la arbitrariedad y al abuso de poder, y tienen menos capacidad para prestar servicios públicos para todos.
Por ende, dijo, es importante promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.