Chihuahua, Chih.- El magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes acudió la mañana de este martes a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de la Bolívar para presentar formalmente sendas denuncias contra el ex gobernador Javier Corral Jurado y la ex consejera de la Judicatura Luz Estela Castro, a quienes acusa de un presunto delito de ejercicio ilegal del servicio público al momento del nombramiento, asegura sin cumplir los requisitos, de Lucha como una de las cinco integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial al momento de su creación.
Gabriel Sepúlveda inició señalando que acudía a interponer la denuncia porque “considero que pueden ser constitutivos de delito y la denuncia es contra de quién o quiénes el órgano investigador determine la responsabilidad”.
“Los hechos consisten en lo siguiente, en el mes de mayo del (20)17, el ex gobernador del estado, Javier Corral Jurado, presentó un nombramiento ante el Tribunal Superior de Justicia en el cual nombró por parte del Poder Ejecutivo a la señora Luz Estala Castro Rodríguez como consejera del Consejo de la Judicatura”, prosiguió.
“Sin embargo, la ley señala, el artículo 253 del Código Penal del Estado de Chihuahua, se prevé que para esos nombramientos deben reunirse los requisitos adecuados, si no es así comete el delito de ejercicio ilegal del servicio público quien hace un nombramiento de un funcionario que no reúne los requisitos legales”, continuó.
El magistrado Sepúlveda Reyes sostuvo que “en el caso de la señora Luz Estela Castro no reunía los requisitos legales para ser consejera en el Consejo de la Judicatura, y no reunía los requisitos legales porque en primer lugar la ley señala que para ser consejero tiene que reunir los mismos requisitos que para ser magistrado y uno de ellos es el de la edad, no ser mayor de 65 años. La señora Castro cuando es nombrada tenía 65 años 2 meses (…) es decir, se excedía del requisito que establece la ley”.
Sepúlveda manifestó que una persona como el ex gobernador Corral, “que es abogado, conocedor y perito en derecho” actuó “con todo el dolo para hacer ese nombramiento”.
De igual modo, el magistrado afirmó que el mismo artículo 253, en su fracción tercera, señala que también comete el delito de ejercicio ilegal del servicio público quien desempeña un cargo público sabiendo que no está capacitado ni reúne los requisitos para hacerlo.
Asimismo precisó que el Código Penal establece por este delito una penalidad de 1 a 3 años de prisión, así como la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo público por un plazo que puede ir de los 3 a los 5 años.