Chihuahua, Chih.- El diputado de Morena, Gustavo de la Rosa Hickerson, aclaró a través de un oficio que es «mentira» que asesores de su equipo cobraran honorarios por atención a algunos afectados por «Aras» y puntualizó que se acordó realizar un «fondo de apoyo» para gastos de juicio, con aportaciones voluntarias, debido a que el asunto era estrictamente jurídico entre los particulares, los cuales deberían de acudir a un Juez Federal.
«Volviendo a insistir que se trata de un asunto estrictamente jurídico entre particulares y que deberán acudir ante un Juez Federal, sabedores de que todos los juicios de orden civil requieren una serie de gastos, sobre todo tratándose de asuntos patrimoniales en donde se pretende recuperar un patrimonio en riesgo, los gastos del juicio deben correr por cuenta de las partes, y al recibir uno a uno a los posibles demandantes, se les informo por parte de la Lic. Francia Aragón, que se constituiría un fondo de apoyo para gastos de juicio, que las aportaciones eran voluntarias, las cantidades sugeridas eran de $ 500, y que abría total transparencia en el manejo de ese fondo, exclusivamente para gastos que se fueran generando durante el juicio», señala.
Oficio:
C. DIP. GEORGINA BUJANDA RÍOS
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.–
Me refiero a la nota periodística que el día hoy 5 de marzo del 2022, fue publicada por el Diario de Chihuahua y que aparece en la página 5A.
En dicha nota periodística se inicia con la frase, la presidenta del Congreso del Estado llama a asesores y diputados a conducirse con ética, luego de que se diera a conocer por el mismo Diario de Chihuahua, que un par de asesores del Diputado Gustavo de la Rosa, pidieran pagos por gestiones a un grupo de afectados por Aras.
Más adelante transcriben entre comillas su declaración que señala “habrá que deslindar responsabilidades, yo creo que todos los servidores públicos del nivel que seamos, tenemos que distinguirnos por nuestra rectitud, por nuestra honradez, nuestra ética, y todos los diputados tenemos una función de gestión, pero esa función de gestión no es una dádiva, ni un favor que hacemos, es el cumplimiento de una facultad”, y la nota señala que usted agregó, que en el caso debe intervenir el Órgano Interno de Control y la Secretaría de la Función Pública, para determinar si convirtieron en un negocio el servicio que los legisladores y asesores deben brindar por facultad a la ciudadanía.
Al respecto quiero informar a usted lo siguiente. Desde que apareció la primera información en la que implicaban a mis asesores Lics. Francia Aragón y Miguel A. Franco en una supuesta conducta irregular, y por ser el jefe inmediato de ella y aceptar la colaboración personal del Lic. Franco, les pedí me informaran sobre los hechos, y estos son los resultados, que luego confirmé por diferentes fuentes, que eran ciertos:
Cuando inicio el caso Aras, se acercaron a la fracción parlamentaria de Morena algunos ciudadanos que manifestaban ser afectados al haber invertido diferentes cantidades de dinero con la promesa de recibir altos intereses mensuales, y que en un plazo determinado les regresarían la inversión del capital.
Yo transferí la información al Lic. Miguel A. Franco, y le pedí me informara posibles acciones jurídicas para ayudar a los perjudicados, explicándome en principio que el caso Aras es un caso estrictamente jurídico que en algún momento deberá resolver algún juez, y que como diputado no tenía facultad para intervenir en el mismo de manera directa, salvo canalizándolo a diferentes dependencias que pudieran iniciar el proceso de tipo jurídico, entre ellas la Fiscalía General del Estado Zona Centro, y la otra posible vía era un juicio de acción colectiva que se tramita ante un Juez Federal, y que debe ser tramitado por abogados con experiencia en materia Civil Federal.
Me informo que como diputado solo podía canalizar a los afectados de Aras ante el Instituto Federal de Defensoría Pública en Chihuahua, porque nosotros en lo personal no podíamos intervenir.
Acudimos a una entrevista con el Fiscal de la Zona Centro, el Lic. Carlos Mario Jiménez a solicitarle que en cumplimento de la ley y dentro de sus facultades, advirtiera que el caso Aras era de alto impacto social y si tenía en su poder algunas querellas y existía la posibilidad de investigar y judicializar las carpetas de investigación, nos parecería lo prudente y correcto en estas circunstancias, el fiscal nos informó que estaban trabajando con prontitud y que estaba de acuerdo en que era caso de alto impacto social.
Ahora bien, puse a disposición del Lic. Franco a la asesora Francia Aragón para brindar el apoyo posible a las personas que hubiesen tenido trato con la empresa Aras o sus similares y anexas.
Por otro lado, el Lic. Homero Villalba adscrito a la Defensoría Pública Federal, me informo que estaba preparando un juicio de acción colectiva que es materia federal, en contra de Aras o empresas similares y conexas, me informo que se trataba de un proceso bastante complicado, que era un asunto estrictamente jurídico y que debía atenderse exactamente en esos términos, yo le informe que le había encargado al Lic. Franco que se brindará la atención que se pudiera a los afectados, viendo la imposibilidad política de intervenir de manera directa.
En acuerdo de colaboración entre ellos, se convino que la Lic. Francia Aragón estuviera recibiendo uno a uno las personas que deseaban participar en la acción colectiva promovida por la Defensoría Pública Federal, para lo cual se estableció en el despacho particular del Lic. Franco un “centro de apoyo para la acción colectiva de afectados por Aras y otras sociedades conexas”.
Volviendo a insistir que se trata de un asunto estrictamente jurídico entre particulares y que deberán acudir ante un Juez Federal, sabedores de que todos los juicios de orden civil requieren una serie de gastos, sobre todo tratándose de asuntos patrimoniales en donde se pretende recuperar un patrimonio en riesgo, los gastos del juicio deben correr por cuenta de las partes, y al recibir uno a uno a los posibles demandantes, se les informo por parte de la Lic. Francia Aragón, que se constituiría un fondo de apoyo para gastos de juicio, que las aportaciones eran voluntarias, las cantidades sugeridas eran de $ 500, y que abría total transparencia en el manejo de ese fondo, exclusivamente para gastos que se fueran generando durante el juicio.
Se recibió documentación de 244 personas, a todos se les organizo su documentación y se puso a disposición de la Defensoría Pública Federal por conducto del Lic. Omero Villalba, de las 244 personas, 51 aportaron para el fondo de gastos del juicio, de las cuales 3 personas aportaron la cantidad de $1,000, 43 personas $ 500, 1 persona $ 400, 2 personas $ 300 y finalmente 2 personas $ 200; A todas las personas, se les elaboró un recibo que dice que la cantidad recibida es por concepto de aportación para gastos de juicio.
Esta es la costumbre profesional que se utiliza en los casos colectivos en donde se representará algún grupo de personas en un asunto que requerirá gastos, y se planteó a través de la Lic. Francia Aragón, siendo lo más económico, honorable, transparente posible que se pueda hacer si se busca canalizar personas con conflictos jurídicos patrimoniales y de carácter civil que van a ser atendidos por una dependencia de asesoría gubernamental.
Quiero insistir en que la acción colectiva se trata de materia federal, el asunto es de carácter meramente jurídico, civil, patrimonial y se busca que los actores obtengan finalmente alguna recuperación económica. Este tipo de asuntos son bien diferentes a los de tipo penal, es diferente a los casos de madres que requieren demandar por pensiones alimenticia, divorcio y que no tienen recursos y acuden a los defensores públicos, no existe obligación de un fondo para gastos de juicio porque sus hipótesis son totalmente diferentes. En el caso que nos ocupa, por los gastos que devienen propios del mismo juicio, lo más razonable es establecer un fondo de aportación voluntaria para gastos de juicio.
Se me indicó que la oficina de apoyo para la acción colectiva de afectados por Aras y otras sociedades conexas ya había cerrado y que estaba en trámite el ingreso de las 244 personas que entregaron su documentación a la acción colectiva que se presentó por la Defensoría Pública Federal, lo cual se hará por paquete de determinado número, ya que para el trámite de estos casos, se sugiere sea de esta forma por el volumen de actores.
Me han informado que hasta el momento no se ha realizado ningún gasto y si las personas si así lo desean, pueden retirar su aportación voluntaria del fondo para gastos de juicio.
He comprobado que no se recibió ni un solo peso por concepto de honorarios, mienten. También es falso que se recibieron cantidades de $1,500, solo tres personas aportaron al fondo la cantidad de $1000. De igual manera, es falso que los recursos se usaran para pagarle al Lic. Omero Villalba.
Finalmente, le reitero que en la práctica profesional siempre soy cuidadoso en el manejo de recursos de mis clientes. Que he llevado muchos asuntos colectivos, el último que fue derivado de la tragedia de salvarcar, asesoré por siete años a los afectados hasta lograr la indemnización de más de 100 víctimas directas e indirectas, y actualmente gestiono como Diputado la protección de más de Tres Mil familias en el sur-oriente de ciudad Juárez y nunca he tenido problema relacionado con manejo de recursos, y que mi equipo de trabajo no trasgrede esa la línea que siempre he impuesto.
Finalmente, le mando un saludo y le reitero mis respetos, y le pido que considere mi aclaración al respecto de la citada nota periodística, informándole a la vez que hare llegar una copia de esta carta al medio que ha hecho las publicaciones.
A T E N T A M E N T E
DIP. GUSTAVO DE LA ROSA HICKERSON
