Camargo, Chih.- Desde primera hora de la mañana maestros estatales, mayoritariamente jubilados, de Camargo, San Francisco de Conchos y La Cruz tomaron e impidieron el acceso a las oficinas de Recaudación de Rentas de aquel municipio como medida de presión para exigir a la gobernadora Maru Campos Galván y al director general de Pensiones Civiles del Estado, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, un servicio médico de calidad para los derechohabientes de la institución en aquella región. Denunciaron que sólo cuentan con un único médico familiar, sólo dos médicos especialistas, que llevan dos años sin estudios de gabinete locales teniendo que desplazarse a Delicias o Chihuahua y el mal servicio de urgencias que están recibiendo tras ser derivados al Hospital Regional.
Una de las participantes en la acción de protesta, la maestra Rosalva Ramos Serrano, informó que desde bien temprano tomaron las oficinas e impidieron el acceso del personal y el propio recaudador del municipio, Lucio Vázquez, quien intentó sin éxito negociar que permitieran abrir las oficinas para dar servicio a los ciudadanos. Los quejosos le recriminaron que parecía que le preocupara más que los ciudadanos pudieran retirar actas que las propias vidas humanas.
La maestra señaló que eran cinco los principales motivos de la protesta. El primero, que la Delegación de PCE, que comprende los municipios de Camargo, San Francisco de Conchos y La Cruz, da servicio a alrededor de 2 mil derechohabientes y cuenta con único médico familiar, que evidentemente no da abasto. En este punto, los inconformes están exigiendo contar con tres médicos familiares, si bien reconocen que si se les aumentara a dos ya sería un notable avance.
En segundo lugar están solicitando más médicos especialistas, ya que denunciaron que en la actualidad únicamente cuentan con un pediatra y un ginecólogo, mientras que para el resto de atenciones con especialistas deben viajar a Delicias o incluso a Chihuahua con dos casetas de peaje de por medio, lo cual les supone un considerable gasto de sus bolsas para recibir atención médica ante las deficiencias de PCE.
Una tercera cuestión, afirmó, es que si bien en el municipio hay establecimientos que realizan estudios de gabinete, Pensiones Civiles lleva dos años que no los paga y los trae con que están negociando, que a ver quién gana la licitación, pero el resultado es que los derechohabientes no tienen servicio de estudios clínicos en la región y deben desplazarse para realizárselos. Sin ir más lejos, precisó que apenas hace dos días les informaron que ya había servicios de laboratorio y rayos X, pero siguen sin contar con estudios de sonografía, mastografía y electrocardiograma, entre otros.
Asimismo refirió que el servicio de Urgencias, que hasta hace poco venían recibiendo bastante satisfactoriamente en una clínica particular, hace unas fechas fue derivado al Hospital Regional, que si bien afirmó está bien equipado y cuenta con buen personal, se encuentra muy saturado y ocasiona que los derechohabientes de PCE no reciban una atención oportuna o simplemente no la reciban. Éste recordó que fue el caso de una joven maestra de Camargo que perdía la vida hace unas semanas después de que tras contagiarse de COVID-19 junto a su familia no recibiera servicio, ni medicamento y ni tan siquiera PCE se quisiera hacer cargo de los costos.
En quinto lugar, los inconformes señalaron que el motivo de todas estas deficiencias y mal servicio tiene que ver con el adeudo que dependencias de gobierno y organismos externos guardan con PCE, el cual cifró en más de 5 mil 600 millones de pesos. Denunció que el gobierno no está investigando el paradero de este dinero consistente en cuotas y aportaciones que los patrones están reteniendo a sus trabajadores para Pensiones Civiles, pero que nunca llegan a la institución.
Afirmaron que mantendrán la toma hasta las tres de la tarde y estudiarán posibles nuevas acciones para que el Gobierno del Estado y el director de PCE tomen cartas en el asunto y los derechohabientes reciban un servicio médico de calidad.
