Ciudad de México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Fiscalía General de la República entregar al Instituto Nacional Electoral el expediente contenido en cuatro carpetas relacionadas con una presunta triangulación de recursos desde la empresa Odebrecht para financiar la campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto y en la que estaría involucrado el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya.
Al resolver un recurso promovido por el INE en contra de la reiterada negativa de la FGR para darle acceso al expediente Odebrecht para fiscalizar el posible ingreso ilegal en el financiamiento de la campaña priísta de 2012, los magistrados subrayaron que para las funciones fiscalizadoras del instituto no es oponible el secreto ministerial ni apelar al sigilo de las pesquisas.
La Sala Superior estableció que la FGR “debe tener en cuenta que tanto la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, así como el Código Nacional Procesal Penal, señalan que las autoridades federales, como lo es la FGR, deben colaborar con las autoridades electorales, en esta ocasión con el INE, en el ejercicio de sus facultades constitucionales, como lo es la de fiscalización”.
La Unidad Técnica de Fiscalización del INE solicitó en abril de 2021 a la FGR información y copias respecto de diversas carpetas de investigación relacionadas con el tema denunciado por los partidos de la Revolución Democrática y Morena. La FGR le negó la información y documentación requerida, por el carácter reservado de esas carpetas, pues estimó que se encuentra obligada a salvaguardar el sigilo de las investigaciones.
Al mismo tiempo, los magistrados confirmaron parcialmente la resolución de la Sala Especializada del TEPJF en el sentido de que el arzobispo emérito de Guadalajara Juan Sandoval Iñiguez violó las restricciones de los ministros de culto para no intervenir en política y, con ello, la separación Iglesia-Estado.
Como en su momento lo realizó la Sala Especializada del TEPJF, se ratificó la vista a la Secretaría de Gobernación, instancia responsable de imponer la sanción correspondiente.
La Jornada.
