Chihuahua.- Samuel Uriel Mendoza, juez en materia penal en el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, y quien vinculó a Maru Campos por un supuesto delito de cohecho en lo que se conoció como la “nómina secreta”, informó que hubo presiones por parte del Poder Ejecutivo del Estado, haciendo referencia a personas al interior del Palacio de Gobierno, en lo que se refiere al sentido de la resolución.
El juez manifestó que de manera excepcional daría esta explicación, lo que nunca más volverá a ocurrir:
Dijo que este es un asunto que durante mucho tiempo fue tratado con muchos matices políticos y tanto para él como para los juzgadores que de una u otra manera interviniveron, existieron presiones en general debido a los intereses políticos que había.
«Podría decirse que incluso de palacio de gobierno, en concreto…», expresó.
Enfatizó que habán muchos intereses, lo que no es una apreciación personal sino algo conocido a nivel público, «le mentiría si no le dijera que sí hubo acercamientos o algunas llamadas tratando de influenciar el sentido de la resolución, de personas relacionadas con la Secretaría de Gobierno…»
El juez explicó que fueron días, meses y semanas de muchas presiones para todos los que de alguna manera intervinieron en el proceso, presiones que venía de parte del Ejecutivo del Estado, además de partidos políticos, «ustedes mismos se dieron cuenta de todas las personas que estuvieron aquí de partidos políticos, de encomienda de partidos políticos tratando de influenciar el sentido de la resolución…»
Añadó que en esos días no se podía hacer nada, ni siquiera salir del edificio del Tribunal Superior del Estado, «desde luego todo eso genera presiones».
Dijo que de quien se pudiera advertir más presiones o más interés en el asunto, fuera del Poder Judicial, era del Poder Ejecutivo.
Fialmente señaló que no haría comentario alguno sobre si en el sentido de si estas presiones fueron determinantes para el sentido de la resolución,