Chihuahua, Chih.- El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Carlos Aguilar García, informó este lunes, al término de la inauguración del puente de Romanzza en la carretera Chihuahua- Aldama, que el denominado “Maratón de Obras” del Gobierno de Javier Corral Jurado dejó una deuda 2 mil 300 millones de pesos, ya que generaban oficios de suficiencia en papel que no contaban con respaldo de los bancos. Asimismo, señaló que, sólo de 2020, dejaron a deber 70 millones por mantenimiento de carreteras.
Preguntado por las anomalías encontradas en la SCOP a su llegada, el secretario Carlos Aguilar aseguró que lejos de encontrar subejercicios, en la anterior administración “rebasaron el presupuesto que tenían asignado y eso hay más tema con el secretario de Hacienda que podrá comentar, pero lo que sucede es que había oficios de suficiencia que no tenían respaldo en cuentas bancarias”.
“Entonces, en lugar de tener subejercicio, contrataron más de lo que tenían en circulante y es el problema que nos dejaron, cerca de 2 mil 300 millones de pesos por pagar de esta secretaría”, agregó, apuntando que corresponderían a diferentes rubros de obras de hospitales, parques y jardines, infraestructura,…
Sobre si esta deuda fue generada a raíz del que el anterior gobierno denominó “Maratón de Obras”, emprendido durante los tres últimos meses de administración, el secretario Carlos García manifestó que “es correcto, en el Maratón de Obras, generaron muchos oficios de aprobación en papel, como si fueran tarjetas de crédito, pero todos quedaron a la siguiente administración que es la que tiene que resolver”.
En otro orden de cosas, el titular de la SCOP dijo que el anterior gobierno contrató en 2020 a dos empresas para suministro de asfalto para el mantenimiento de carreteras, a las que adeudaban en facturas ya entregadas 70 millones de pesos y este 2021 sorprendentemente se las volvió a contratar aumentando la deuda.
Refirió que quizá la situación se debiera a falta de control del gasto o falta de control presupuestal e informó que todas las irregularidades que encontraron fueron entregadas en tiempo y forma en la Secretaría de la Función Pública, a quien corresponde determinar si hubo responsabilidades.
