– El diputado Gustavo De la Rosa adelantó que buscarán acudir a otras instancias por ser un caso de violación de derechos humanos a las comunidades indígenas
Chihuahua. – La diputada de Morena Leticia Ortega Máynez presentó un exhorto de carácter urgente a la gobernadora María Eugenia Campos Galván para atender la exigencia de comunidades y organizaciones que defienden los derechos de los pueblos originarios que tiene como finalidad la destitución al titular de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, sin embargo, fue rechazado como de urgente, por lo que se dirigió a la Comisión de Asuntos Indígenas.
Lo anterior, luego que desde su designación en el cargo Enrique Alonso Rascón Carrillo ha generado molestia y afectación directa a los intereses del pueblo rarámuri, lo que derivó en exigencias directas al gobierno estatal para su destitución.
De la Rosa Hickerson manifestó que este hecho resulta una violación a los derechos humanos de los pueblos originarios y a la comunidad rarámuri directamente afectada por el despojo de sus tierras, por lo que acudirán a instancias nacionales e internacional para llevar el caso.
La legisladora explicó que en atención y razón a los derechos y legislación local, nacional e internacional, las comunidades indígenas han luchado por su reivindicación y han participado en las disputas políticas y jurídicas en contra de aquellos que tienen por objeto afectar sus derechos, debe atenderse su demanda, la cual se sostiene de forma legítima.
Expuso que este nombramiento ha despertado inquietudes por parte de la población indígena porque el perfil del titular no es el idóneo, sin poner en duda su formación profesional, pero es obvio que está alejada del interés de las comunidades; sin embargo, más grave es el directo conflicto de interés que representa ser diputado suplente del diputado Omar Bazán Flores, quien actualmente tiene una demanda penal contra la comunidad rarámuri de Mogótavo, en la zona serrana del municipio Urique, motivada por intereses inmobiliarios.
El diputado del PRI Omar Bazán ha denunciado a la comunidad de Mogótavo por despojo y, aunque la comunidad ha alegado en reiteradas ocasiones su posesión ancestral, quienes representan legalmente al diputado antes citado, han objetado en los últimos años la personalidad de la comunidad indígena, la existencia de la misma y han alegado estar siendo despojados de sus derechos como propietarios.
Ortega Máynez reconoció que la designación de los miembros del gabinete es facultad exclusiva del o la titular de Poder Ejecutivo; sin embargo, en atención a los estándares internacionales y nacionales en materia de derechos indígenas, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, establece que los pueblos indígenas deben participar en las decisiones que les afectan directamente.
“Es necesario que el nombramiento sea sometido a consulta a los integrantes de los pueblos originarios o, por lo menos, se establezca un diálogo que logre investir de legitimidad a quien sea titular de la COEPI, para así garantizar que los actos del Gobierno del Estado se realicen en beneficio de las comunidades originarias”, manifestó la diputada.