Chihuahua. – Con el objetivo de garantizar el derecho a la información y a la libertad de expresión, así como combatir la corrupción y transparentar el ejercicio público, el diputado de Morena Óscar Daniel Avitia Arellanes presentó iniciativa para que cualquier ciudadano pueda evidenciar actos o irregularidades que afecten la administración pública o violenten derechos humanos, al videograbar a funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones en espacios públicos.
El legislador expuso que actualmente existen condiciones que inhiben la participación de un ciudadano común y de los trabajadores de los medios de comunicación para videograbar actividades que pudieran configurarse como una ilegalidad, mala acción o actos de corrupción o violación de derechos humanos por parte de funcionarios públicos, para lo cual sugiere establecer límites que no vulneren los derechos de estos funcionarios, pero privilegiando el derecho a la información de carácter pública.
Indicó que la iniciativa pretende ponderar derechos humanos y no vulnerarlos, donde plantea la posibilidad de legitimar el derecho a que toda persona pueda videograbar a funcionarios públicos cuando estos estén en ejercicio de sus funciones, se encuentren en un espacio público y se realice sin interferir con las funciones de éstos.
Sostuvo que las actividades de los servidores públicos no constituyen algo que pertenezca al ámbito de lo privado o algo que deba permanecer oculto, por el contrario, tienen la obligación de actuar en estricto apego a la ley, de ser transparentes y de rendir cuentas ante la sociedad, por lo cual es inadmisible pensar que las autoridades al ser videograbadas puedan reclamar válidamente una vulneración a su derecho a la intimidad.
“No se pretende registrar sus conversaciones privadas, ni su vida personal, sino que se busca registrar exclusivamente las actividades que los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y en espacios públicos; lo anterior en ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, mismas que gozan de una máxima protección constitucional y constituyen condiciones necesarias para la protección del resto de los derechos humanos y de la democracia representativa”, destacó el diputado.
Respecto a los elementos de los diversos cuerpos de seguridad pública, donde existen regulaciones más específicas al respecto, Avitia Arellanes recordó que estas hipótesis ya se encuentran reguladas y se estaría frente a la comisión de un delito al no respetarlas. Sin embargo, lo reprochable no sería propiamente grabar la actuación de las autoridades sino limitar el ejercicio de sus funciones.
Indicó que se busca establecer de manera precisa los alcances y los límites del derecho a videograbar a las autoridades para evitar que esta práctica siga siendo restringida de forma injustificada por servidores públicos que únicamente buscan ocultar su deficiencia, negligencia, ilegalidad u omisiones en sus actos, así como legitimar e incentivar todos los mecanismos de control que sean tendientes a proteger los derechos de los gobernados de manera efectiva.
“Poner frente a la opinión pública los excesos de las autoridades ha demostrado ser un método práctico para forzar al Estado a tomar medidas tendientes a ponderar los derechos humanos. Existe la posibilidad de transparentar el servicio público, de poner luz donde hay oscuridad, de que se puedan visibilizar las injusticias, los excesos, la negligencia y de poder combatir de manera contundente la ilegalidad y la corrupción, aprovechando el uso generalizado de dispositivos que sirven para la videograbación, abriendo la posibilidad de que estos registros se puedan utilizar para dar soporte a una demanda civil, una queja administrativa, una denuncia penal o, bien, para hacer del conocimiento público los actos de autoridad que causen violaciones a los derechos humanos”, dijo.
