Chihuahua, Chih.- El titular de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. Héctor Acosta Félix, manifestó este jueves que bajo su punto de vista los desvíos de recursos destinados a Ficosec, Fechac, las Universidades Autónomas de Ciudad Juárez y Chihuahua, y Cruz Roja, realizados por el gobierno de Javier Corral Jurado, al haber sido destinados a atender otras necesidades del propio gobierno y no a fines particulares, serían constitutivos de faltas administrativas y no de un delito penal propiamente dicho. Aseguró que los Ministerios Públicos y jueces deberán analizar este caso con mucho cuidado pues sería una práctica muy común entre ayuntamientos y organismos descentralizados.
Preguntado sobre el tema de los presuntos desvíos del gobierno estatal 2016- 2021, el auditor superior empezó señalando que “el informe al que hago referencia incluye tanto a los Cruz Roja, a Ficosec, a Fechac, a la Universidad Autónoma de Juárez y a la Universidad Autónoma de Chihuahua, ésos fueron los cinco organismos que nosotros señalamos no se les entregó el recurso en tiempo y forma en el ejercicio 2019”.
El titular de la ASE enfatizó que habría que establecer una diferencia entre los desvíos de recursos según cual fuera su destino. En este sentido, Héctor Acosta apuntó que “cuando hay desvío de recursos para fines privados estamos indudablemente en vista de un delito, sí, hay que analizar qué pasa cuando ese desvío de recursos no se da para fines particulares, sino para satisfacer también necesidades del propio gobierno. Esa es la gran diferencia de una conducta y otra, eso es lo que vamos a analizar”.
A título personal, el auditor superior no dudó en manifestar que “desde mi punto de vista cuando se trata de desviación de recursos para atender otras necesidades, estamos ante una falta administrativa, no precisamente ante un delito”.
Dicho esto, advirtió que “si estuviéramos ante un delito, cuidado, porque prácticamente es algo que se hace de forma muy frecuente en los municipios y en otros organismos descentralizados” y de ser considerado como delito se correría el riesgo de provocar una parálisis en la toma de decisiones por parte de las autoridades municipales.
No obstante, Acosta Félix refirió que primero lo tendría que analizar el Ministerio Público para ver si encuentra probables actos delictivos y después se tendría que demostrar ante un juez.
Y es que precisó que lo que se sabía hasta este momento es que Ficosec hizo una denuncia a mediados de 2021, que el Ministerio Público cerró el expediente antes de concluir la anterior administración estatal y apenas la semana pasada un juez de control del Distrito Judicial Morelos ordenó la reapertura del caso.
